La Audiencia de Palma ha condenado al exconseller del Territorio del Consell de Mallorca Bartomeu Vicens, que ya está en la cárcel por otros casos de corrupción, a 5 años y 11 meses de prisión y devolver 1,7 millones de euros por diversos delitos en el «pelotazo» urbanístico conocido como caso Metalumba.
La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia provincial refleja el acuerdo de conformidad alcanzado por el principal acusado con la Fiscalía Anticorrupción el pasado 18 de noviembre, cuando estaba previsto el inicio de la vista oral por este caso.
La condena por los delitos de prevaricación, falsedad, blanqueo de capitales, cohecho y delitos contra la hacienda pública, incluye multas para Vicens por más de 312.000 euros y el comiso de más de 1 millón de euros. Las penas contemplan las atenuantes de confesión, reparación del daño y colaboración de la justicia.
La Audiencia condena también a 7 años de inhabilitación para cargo público al exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal, también encarcelado por corrupción, que admitió un delito de prevaricación.
Nadal y Vicens formaban parte del gobierno insular en la legislatura 2004-2007 cuando la presidenta de la institución y de la extinguida Unió Mallorquina era María Antonia Munar, también en la cárcel por otra causa.
Los demás encausados en este proceso eran la esposa de Vicens, Antonia Martorell, que ha sido condenada a dos años de cárcel por falsedad continuada, pena sustituible por una multa de 7.200 euros.
Elisabet Diéguez, supuesta testaferro del exconseller de Territorio, ha sido absuelta.
El contable Tomás Martín y el empresario John Leaners, han sido condenado a 11 meses de cárcel por falsedad, penas sustituibles por 3.300 euros de multa.
Todos los acusados han confesado los hechos.
La acusación contra el abogado Jaime Montis quedó sobreseída provisionalmente a expensas de que se recupere de una enfermedad mental.
Antes de alcanzarse el acuerdo, la Fiscalía Anticorrupción reclamaba para Vicens 19 años y 3 meses de cárcel por la recalificación del polígono de Son Oms por parte del Consell de Mallorca en 2004 para posibilitar un «desmesurado incremento» de su edificabilidad.
El entonces responsable de Territorio del Consell de Mallorca utilizó la sociedad Metalumba, de la que era socio (15 %) junto a su esposa (85 %), para cobrar presuntamente comisiones del despacho de Montis, dueño de los terrenos revalorizados gracias al acuerdo del Consell de Mallorca y que se enfrentaba inicialmente a una solicitud de pena de 5 años de cárcel.
Elisabet Diéguez ejercía, por amistad con la pareja, de administradora de Metalumba, sociedad que Vicens empleó para aflorar ingresos ilegales procedentes de cohechos, para lo que también hizo uso de facturas falsas que le facilitaron el contable Martín y el empresario Leaners.
Los 1,7 millones de euros que el exconseller de UM se ha comprometido a devolver son la suma de los sobornos que ingresó, de otros ingresos irregulares y de las cantidades que defraudaron a Hacienda tanto él como su esposa y la empresa común. Las cuentas y propiedades de la pareja están embargadas para asegurar que cumplen la parte económica de la condena.
Esta es la primera causa juzgada en relación a las infracciones urbanísticas y de los delitos de corrupción presuntamente cometidos en torno al polígono industrial de Som Oms por parte de antiguos altos responsables del Consell de Mallorca.
Vicens confesó en junio pasado, durante el juicio del caso Can Domenge, que él entregó a la expresidenta de UM, Maria Antònia Munar, dinero cobrado tanto por el amaño de la venta del solar público de Can Domenge por la recalificación de Son Oms.
El exconseller cumple dos penas de 3 años de prisión, una por pagar a su contable 12.020 por un informe sobre el valor del suelo de la isla plagiado de internet y sin utilidad pública y otra por haber regalado otros 11.930 euros de dinero público.