Bartomeu Vicens y Miquel Nadal suman su tercera y cuarta condena por corrupción respectivamente. La Fiscalía Anticorrupción y las defensas sellaron ayer el acuerdo en el ‘caso Metalumba' por el que los dos exconsellers aceptaron irregularidades en la puesta en marcha del polígono industrial, especialmente graves en el caso del primero que acepta una condena de cinco años y once meses de cárcel, cuando antes del juicio le pedían 19. Nadal zanja el caso con una pena de inhabilitación por prevaricación. Junto a ellos han sido condenados también la mujer de Vicens, Antonia Martorell, el contable del exconseller Tomás Martín y John Leaners, titular de una empresa que hizo facturas falsas para encubrir los cohechos.
El exconseller de Territori admitió que cobró durante los años 2003 y 2006 más de 480.000 euros a través de su esposa o de la sociedad Metalumba por parte del secretario de la junta de compensación del polígono, Jaime Montis. Éste no ha sido juzgado dado que su estado de salud le impide comparecer ante la Justicia.
Facturas falsas
La mayoría de estos sobornos se canalizaban a través de esta sociedad y eran blanqueados mediante facturas falsas. A esos delitos de cohecho y blanqueo, Vicens suma otro de fraude fiscal porque las declaraciones que presentaba ocultaban ingresos que sí habían sido legales. Así, en el año 2004 Vicens declaró apenas 50.000 euros cuando tenía que haber admitido ingresos de 610.000 euros.
En el escrito de la conformidad se recoge que Vicens incluyó fondos de varias actividades delictivas diferentes y se recuerda que personas cercanas al principal acusado en esta causa son objeto de investigación por «delitos que han generado beneficios económicos ocultos».
A cambio de ese soborno, Vicens intervino en el año 2004 como presidente de la comisión insular de urbanismo para modificar el Plan General de Palma y «posibilitar un desmesurado incremento de las posibilidades edificatorias de los polígonos industriales». El de Son Oms pudo doblar así su superficie, al tiempo que se permitían usos de oficinas que en un principio estaban vedados. Para ello contó con la intervención de Miquel Nadal.
Una vez que se aprobó este plan, Vicens también consiguió un local y dos plazas de aparcamiento de un edificio que había permitido su reforma y que se valoraban en más de 230.000 euros. Sin embargo, no logró concretar la operación aunque cobró 18.000 euros.
La conformidad, con todo, costará a Vicens una cantidad de 1,7 millones de euros entre las multas, las responsabilidades civiles y los intereses que tendrá que pagar de fondos que ya le han sido descubiertos.