Un acuerdo entre los acusados y la Fiscalía podría evitar que se celebre hoy el juicio al exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal y al exconseller del Territorio Bartomeu Vicens, miembros de la extinguida Unió Mallorquina (UM), sobre un «pelotazo» urbanístico en el polígono de Son Oms.
La Sección Segunda de la Audiencia de Palma juzga a partir de este lunes a estos dos políticos, actualmente en prisión por otras causas, y a cinco personas más, entre ellos la mujer de Bartomeu Vicens y el abogado Jaime Montis.
Se enjuician supuestos delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y contra la Hacienda Pública por la recalificación del polígono de Son Oms por parte del Consell de Mallorca en 2004, de manera que se posibilitó, según el fiscal, un «desmesurado incremento» de su edificabilidad.
Las acusaciones sospechan que Vicens, que se enfrenta a 19 años y 3 meses de prisión, utilizó la sociedad Metalumba, que estaba inactiva, para cobrar presuntamente comisiones del despacho del abogado Jaime Montis, que poseía unos terrenos revalorizados gracias al acuerdo del Consell de Mallorca.
Supuestamente esta sociedad, de la que Vicens era socio, le sirvió para blanquear el dinero procedente de los sobornos por la recalificación de este polígono palmesano.
El juez fijó en el auto de apertura de juicio una fianza civil para Vicens para cubrir posibles multas o devoluciones del dinero en caso de condena de 8,6 millones de euros.
Peticiones
Nadal, que impulsó y votó a favor de la propuesta en el Consell, se enfrenta a 1 año de cárcel. La Fiscalía pide 13 años y tres meses para Antonia Martorell, esposa de Bartomeu Vicens; 11 años y cuatro meses de prisión para Elisabeth Diéguez, presunta testaferro; 11 meses para el contable Tomás Martín, otros 11 meses para el empresario John Leaners; y 5 años de cárcel para el abogado Jaime Montis.
Según el relato del fiscal, en el polígono Son Oms había solares de la empresa GDSO, propiedad de Montis, cuyo valor se incrementó «en enorme medida y, sin duda, por valor superior a cinco millones de euros».
El fiscal del caso, Juan Carrau, explica en su escrito que esta causa tiene como «objeto nuclear» la utilización de la empresa Metalumba «como mecanismo de ocultar ingresos y poder aflorar fondos de origen ilegal», y que entre estos fondos «se detectan pagos que un particular realiza a un funcionario (cohecho)».
Bartomeu Vicens declaró en junio pasado, con ocasión del juicio del caso Can Domenge, que él entregó a la expresidenta de UM, María Antonia Munar, dinero cobrado tanto por el amaño de la venta del solar de Can Domenge como del polígono de Son Oms.
De todos modos, es probable que los acusados y el Ministerio Público lleguen mañana a un acuerdo de conformidad que evite la celebración de este juicio.
De hecho, tan solo hace unos días, los doce acusados por el desvío de fondos públicos a través del consorcio Turisme Jove en la legislatura 2003-2007, cuando gobernaba el PP la Comunidad, aceptaron los cargos y conformaron con penas de entre 8 meses y 3 años y 7 meses de cárcel.