Antes de que termine el año 77 familias de Palma perderán su vivienda por no poder pagar la hipoteca. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), Antoni Terrassa, informó que los juzgados de Palma han señalado desde el pasado 19 de septiembre y hasta finales de año un total de 75 ejecuciones hipotecarias y hay otras dos pendientes de señalar. Aunque no pudo precisar las que se han realizado en lo que va de año, sí manifestó que han descendido respecto al anterior. Entre otras causas, este descenso está motivado por la nueva normativa estatal, la denuncia de las cláusulas abusivas por parte de la Unión Europea y una mayor concienciación social.
Alquiler
Terrassa también comunicó que se han señalado 365 desahucios de inmuebles alquilados y hay pendientes de señalar 13 más para antes de que termine 2013. No obstante, en este caso no todos son viviendas, sino que hay bastantes locales comerciales.
El alcalde Isern añadió que en 2012 se produjeron 1.402 ejecuciones hipotecarias en Balears (no todas terminaron en desahucio) y calculó que en Palma se podrían haberse producido unos 264 desahucios, aunque especificó que no todos afectaron a personas en riesgo de vulnerabilidad, sino que también a locales comerciales y segundas residencias.
Estas declaraciones las realizaron tras la firma del protocolo de colaboración de Cort con el TSJB y los colegios de Abogados y Procuradores para la detección de supuestos de vulnerabilidad en casos de lanzamiento o desahucio cuando se trate de la residencia habitual del inquilino o el deudor. El alcalde explicó que el Ajuntament recibirá información directa de los juzgados y de los colegios de Abogados y Procuradores en los procesos de lanzamiento cuando afecten a personas en situaciones de riesgo de exclusión social o vulnerabilidad, lo que permitirá que cuando llegue la fecha del desahucio los servicios sociales ya le hayan dado una respuesta a las personas afectadas. «El objetivo es evitar que ni un solo ciudadano de Palma se quede en la calle como consecuencia de un lanzamiento», resumió Isern.
Terrassa explicó que los jueces recibirán información sobre una posible situación social delicada para tomar las medidas procesales oportunas para avisar a los servicios sociales.