La polémica planteada por la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), en junio de este año, y la normativa que impera en Balears con la Ley General Turística de 2012, que impide la comercialización y el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares, se está saldando con una oposición frontal por parte de todo el sector turístico, a excepción del hotelero, a esta regulación, ya que según un estudio realizado por la patronal de Apartamentos y Viviendas de Viviendas de Uso Turístico en Balears (Apturbaleares), el 42,7% de las pernoctaciones que se realizan en las Islas son en establecimientos vacacionales no legalizados.
El presidente de esta patronal, Juan Estarellas, afirma que con la normativa vigente actual «no hay margen de maniobra alguno, por lo que la única solución que cabe, dado el volumen de turistas que se aloja en esta oferta (ver gráfico adjunto) que es ahora ilegal, es regularizarla».
Estudio estadístico
El informe elaborado por Apturbaleares concluye que la única vía es la regularización, «puesto que no sólo permitiría una recopilación de datos más exhaustivos de cara a estudios estadísticos sobre el turismo en Balears, sino que permitiría una recaudación de ingresos adicionales a la CAIB y daría, además, una cobertura jurídica a todos aquellos profesionales que actualmente actúan fuera del marco legal».
El estudio refleja que el número de pernoctaciones en establecimientos no regularizados es del 42,70%, mientras que el 56,27% se realiza en la oferta reglada, principalmente hoteles.
En el gráfico adjunto se puede apreciar que, según estos porcentajes, de los 96,3 millones de pernoctaciones turísticas que se realizaron en Balears a lo largo de 2012, 41,1 millones se hizo en establecimientos no legalizados y 55,2 millones en la oferta regularizada por la Conselleria de Turisme.
De acuerdo con las pernoctaciones en alojamientos no legalizados ahora por la Ley del Turismo y la cifra de viajeros vía aérea que llegaron a Balears el pasado año, 16.292.479 (fuente CAIB), Apturbaleares concluye que el número de viviendas destinadas a esta actividad en las Islas es de 62.157.
«Hasta la fecha no había estadísticas reales para cuantificar esta oferta, de ahí que este documento pone encima de la mesa unos datos que sirven para analizar el impacto existente, por lo que urge tomar decisiones para evitar actuaciones legales que van a acabar en los juzgados. Es ilógico que no haya una regularización, circunstancia que sí se ha producido en Cataluña y la Comunitat Valenciana, y todo ello pasa, en consecuencia, por una modificación de la Ley General Turística», apunta Estarellas.