Albert Moragues, exconseller de Presidència del Govern presidido por Francesc Antich, tendrá que declarar en calidad de imputado en una causa abierta por el Juzgado de Instrucción 10 de Palma.
La titular de este juzgado, Carmen Abrines, investiga un presunto fraude que asciende a 500.000 euros en la adjudicación y gestión del servicio de mantenimiento y limpieza del palacio de Marivent de Palma, sede de las vacaciones estivales de la Familia Real.
La Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Albert Moragues, la exsecretaria de Presidència Francisca Socías, la funcionaria Dolores Polo y un directivo de Lireba Serveis Integrats, empresa adjudicataria de la limpieza de Marivent por la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude y falsedad.
La denuncia inicial que ha motivado la querella fue formulada en junio de 2012 por el actual Govern a través de sus servicios jurídicos y en ella se cuestiona la veracidad de algunas de las facturas aportadas por la empresa adjudicataria, vinculada a ACS, que tiene suscritos otros contratos de limpieza de edificios públicos de Mallorca.
El Palacio de Marivent es la residencia de verano del rey Juan Carlos y su familia. En la actualidad pertenece a la Comunitat Autònoma, que lo recibió procedente de la Diputación Provincial, institución a la que lo había cedido en 1966 la viuda del pintor Juan de Saridakis.
Citación
Moragues debe comparecer ante la jueza Abrines el 14 de octubre. «Estoy a disposición de la Justicia», afirmó ayer el político socialista menorquín, que como responsable del departamento autonómico de Presidència en el periodo 2007-2011 inició el expediente de contratación de la limpieza y lo autorizó con su firma. Así lo subrayó el exconseller, quien no quiso en más detalles sobre los hechos investigados.
«Hablaré cuando tenga que hablar», zanjó Albert Moragues.
Fuentes próximas a la causa explicaron a este diario que el contrato de negociado sin publicidad con la empresa Lireba había sido fiscalizado por el Govern Matas, y que las presuntas irregularidades se ciñen a los datos facilitados por la adjudicataria de los servicios de limpieza.
La principal línea de investigación se centra en el número de trabajadores de la plantilla estipulada para las tareas en Marivent, que se se sospecha fue fingida.
El grupo Més instó al Govern a reclamar el uso público de Marivent y pidió que se investiguen las posibles irregularidades en la gestión de esta residencia. Y, si es el caso, que se persone como acusación particular para reclamar la devolución del dinero público que se haya podido «derrochar».