Cort está trabajando en la confección de una ordenanza con la que erradicar la prostitución callejera de Palma, una regulación que impondrá sanciones a los clientes y no a las meretrices, según explicó ayer el teniente de alcalde Álvaro Gijón, quien indicó que la norma está previsto que comience a aplicarse a partir del próximo mes de diciembre.
Gijón no ha querido detallar el importe de las sanciones que regulará esta ordenanza, cuya redacción se anunció hace ya varias semanas. La novedad más importante es que, al final, el Ajuntament ha optado por sancionar a los clientes y no a las meretrices, una fórmula contraria a la que se aplica en Calvià, donde su Ayuntamiento multa a las prostitutas.
Con esta ordenanza, Cort quiere resolver uno de los problemas más graves de imagen que tiene la Platja de Palma, toda vez que el ejercicio de la prostitución está aparejada a un considerable incremento de la delincuencia. Los robos y asaltos a los turistas, en ocasiones ebrios, son una constante en la zona; una circunstancia denunciada en reiteradas ocasiones por parte de vecinos y comerciantes.
Redacción consensuada
El teniente de alcalde ha confirmado que en el transcurso de las próximas semanas se mantendrán contactos representantes de las asociaciones de vecinos, además de otros sectores interesados para consensuar la redacción de la ordenanza, la cual también se quiere pactar con todos los grupos políticos con representación en el Ajuntament. Palma se sumará, de este modo, a las ciudades españolas que ya disponen de una regulación similar, como es el caso de Madrid, Barcelona, Granada, Málaga, Valencia, Sevilla, Algeciras... Sin embargo, no hay, en todas estas ciudades, una redacción homogénea.
Las ordenanzas de estas características han generado una considerable polémica ya que por una parte se considera que no ataja el problema -la prostitución se puede seguir ejerciendo en los locales cerrados- y traslada a los municipios vecinos el problema de la prostitución callejera. En este sentido no se descarta que Palma, Calvià y Llucmajor -municipios con gobiernos del PP- acaben redactando una ordenanza idéntica para evitar la migración del problema.