El Govern se enfrenta a una posible petición de embargo de sus cuentas para pagar las indemnizaciones correspondiente al despido de siete trabajadores del Institut de Desenvolupament Industrial (IDI), que han sido declarados nulos por los tribunales. Esa es una de las posibles soluciones que ayer apuntó Ferran Gomila, uno de los abogados de los trabajadores.
El juez determina que el Govern tiene la obligación de pagar la indemnización corrrespondiente a un despido improcedente o bien readmitirlos en sus puestos de trabajo. A la espera de que llegue el auto del juez, los abogados de la Comunitat meditan qué solución dan a este problema.
Cobrar sin trabajar
El Govern argumenta que no puede readmitirlos porque sus plazas han sido amortizadas, es decir, ya no existen, pero tampoco ha tomado la decisión de pagar la indemnización correspondiente porque cabe la posibilidad de presentar un recurso a la decisión del juez.
En este caso, podría darse la situación tan absurda de que, hasta que se resuelva el recurso, que podría tardar entre dos y tres años, los siete trabajadores despedidos podrían seguir cobrando sus sueldos sin tener un puesto de trabajo al que acudir.
No es la única sentencia negativa a la que se ha enfrentado el Govern tras los despidos del personal contratado. En Eivissa, un juez ha declarado nulo el concepto de amortización de plaza al que se agarra el Ejecutivo.