El presidente de la Audiencia de Palma, Carlos Gómez, ha asegurado hoy que el acuerdo de los magistrados de lo civil según el cual se suspenderán las ejecuciones hipotecarias si el deudor denuncia abusos contractuales debe ser el criterio común para todos los juzgados de primera instancia de Baleares.
Los jueces de las secciones civiles de la Audiencia provincial resolvieron ayer en asamblea que, hasta que el Congreso adapte la normativa nacional a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la Ley Hipotecaria, las apelaciones sobre ejecuciones de hipotecas en las que se denuncien cláusulas abusivas conllevarán la paralización de los procesos de desahucio.
Gómez ha asegurado hoy en rueda de prensa que aunque los pronunciamientos de la Audiencia de Palma, órgano de apelación, no son «jurisprudencia para los jueces de primera instancia», pero estos saben que «es conveniente» ceñirse a los criterios de los tribunales provinciales para evitar recursos automáticos que anulen sus decisiones.
Once magistrados civiles de la Audiencia de Baleares se reunieron ayer en asamblea para analizar el pronunciamiento del Tribunal Europeo según el cual la norma española de ejecuciones hipotecarias vulnera derechos básicos del consumidor y para adoptar un criterio común, algo que tendrán que hacer todas las audiencias de España «porque es necesario», ha opinado el presidente de la de Palma.