El Comité de Derechos y Garantías del PP balear ha expulsado del partido durante cuatro años a Antoni Pastor, que el pasado 27 de marzo votó en el Parmalento autonómico contra la ley del Govern que elimina el requisito de saber catalán para trabajar en la administración autonómica.
El órgano disciplinario del PP balear considera que al votar junto con la oposición contra la modificación de la ley de Función Pública Pastor, que también es alcalde de Manacor, cometió una «falta muy grave», indica el partido en un comunicado.
«El comité considera que se trata de una decisión premeditada y no de un acto impulsivo ni de error, puesto que Pastor manifestó su voluntad de romper la disciplina de voto con declaraciones a los medios tanto antes como después de la votación», añade.
El partido recuerda que los estatutos establecen como castigo para las faltas muy graves la suspensión de militancia por un periodo de entre cuatro y seis años.
La sanción implica la pérdida de la condición de militante. Al sancionado le cabe la interposición de un recurso ante el órgano disciplinario nacional del PP en el plazo de 15 días.
Además de abrirle el expediente disciplinario ahora resuelto, el Comité de Derechos y Garantías del PP balear expulsó a Pastor del grupo popular en el Parlament y le destituyó como presidente de la junta local del partido en Manacor.
La entidad disciplinaria también tiene pendiente por resolver otros dos expedientes abiertos a Pastor: un segundo por volver a romper la disciplina de voto del PP en el Parlament y el tercero por expulsar a tres ediles del PP del ejecutivo municipal en Manacor y formar gobierno con otros partidos.
Y aquí viene lo que nos cuentan. Parece que la señora diputada Fabra, que tan justiciera es con el dinero público que pretenden llevarse esos ‘jetas’ de los parados que no buscan trabajo, además de su sueldo como diputada, cobra un suplemento de 1.823,86 euros por ser diputada de fuera de Madrid. Es un dinero que en realidad se da a todos los congresistas para ayudarles a costear sus gastos por comida y alojamiento cuando están desplazados en la capital para acudir a las sesiones. ¿Se lleva Fabra 1.823 euros que no le corresponden? Para dejar de percibir este dinero, que se asigna automáticamente a todos los diputados que no residen en Madrid, basta con que quienes han sido elegidos por otra circunscripción, pero viven en la capital, presenten un escrito comunicando su situación. Sería el caso de Andrea Fabra, que en efecto, es diputada por Castellón, pero todo indica que no necesita cobrar el dinero extra para alojamiento, porque ¿acaso no vive con su marido, el exconsejero de sanidad de la Comunidad de Madrid y ejecutivo de Pocoyó, Juan José Guemes, en la casa familiar que tienen en la lujosa urbanización La Finca -donde viven Correa, futbolistas y cantantes famosos…-? Porque si es así ¿puesto que no tiene que pagar alojamiento alguno, ya que reside en su casa, no debiera devolver la diputada Fabra el dinero… y joderse y quedarse sin los 1.823,86 euros, porque de no renunciar a ellos estaría llevándose injustamente el dinero de los contribuyentes? ¿sera cesada no?