El impreciso anuncio formulado por Mariano Rajoy de que propondrá una reforma de la Ley Electoral para que los ayuntamientos tengan un 30 por ciento menos de concejales dejaría a los municipios de Mallorca con 497 regidores frente a los 710 que existen en la actualidad, en caso de que la decisión de Rajoy se aplique de manera lineal tanto en los municipios de menos de 1.000 habitantes, como Escorca, como en los municipios de más población, como es el caso de Palma.
Las diferencias de funcionamiento entre unos y otros son abismales ya que, en el caso de los municipios más pequeños, muchos de sus representantes no cobran sueldo y tan sólo perciben una dieta mínima por asistir a las sesiones plenarias una vez al mes. Si estas medidas de ajuste se aplican a los ayuntamientos con menos población, sus consecuencias serían nulas por lo que respecta al ahorro de sueldos públicos.
Tres años
Será necesario esperar a que el Gobierno concrete más la propuesta para determinar hasta qué punto se aplica esta reducción en las administraciones municipales, pero lo que está claro de momento es que todos los ayuntamientos de la Isla seguirán con el mismo número de concejales hasta 2015. La modificación de la Ley Electoral implica que los cambios no podrán hacerse hasta las próximas elecciones municipales, previstas para dentro de tres años, por lo que el ahorro no se concretaría hasta entonces.
Lo que sí parece descartado totalmente es la propuesta planteada en Grecia relativa a la fusión de los municipios más pequeños.
La reducción de concejales en los municipios no tiene por qué afectar a la representatividad de los partidos políticos en los ayuntamientos. Basta con que un partido consiga al menos el 5 por ciento de los votos para que consiga representación. La única diferencia está en que obtendría menos concejales, lo mismo que le sucedería a las formaciones mayoritarias, que también perderían representantes en el pleno.
El punt important no rau en el fet del nombre de regidors, sinò en el nombre de regidors remunerats. Es urgent una llei, a nivell municipal i altres, que acabi amb el sistema pervers de l'auto-fixació dels sous. La llei deu fixar barmes i remuneracions a partir de criteris objectius, com es fa a frança i molts altres països.