La Audiencia de Palma juzgará desde mañana, lunes, al ex director general de Ordenación del Territorio del Govern balear Jaume Massot por una pieza del caso Andratx de corrupción urbanística, en un juicio en el que se enfrenta a una petición fiscal de 4 años y medio de cárcel.
La sección primera del alto tribunal autonómico acoge hasta el miércoles las sesiones de este juicio, que se corresponde a la pieza número 6 de este caso sobre la supuesta construcción ilegal de una vivienda en un terreno protegido del municipio mallorquín.
El fiscal también solicita en su escrito de acusación una pena de 2 años de cárcel para el excelador del Ayuntamiento de Andratx Jaume Gibert (quien confesó los hechos y colaboró con la Fiscalía), de 3 años y 2 meses para los propietarios del terreno y de 6 meses de cárcel para el que fuera abogado asesor del consistorio Jacobo Rodríguez Miranda.
El escrito relata que los hechos comenzaron en el año 2000, cuando los matrimonios compuestos por Francisco Romero y Juana María Reus y por Ole Jorgen Phister y Marianne Yvonne Ritter compraron un terreno de 887 metros cuadrados conocido como Ca'n Mena por 66.100 euros.
Este terreno es suelo rústico protegido y por ello, así como porque la parcela no es lo suficientemente grande y no existía ningún inmueble anterior, el fiscal afirma que en él no se podía construir nada.
Aunque en el terreno solo había partes de un muro sin techo, algo que constaba en la escritura de compraventa, los propietarios decidieron construir una vivienda y para ello acudieron a Gibert, quien emitió un certificado afirmando que en la parcela existía una vivienda antigua.
Este certificado fue avalado por Massot, entonces jefe de Urbanismo de Andratx del PP y actualmente en prisión condenado por otras piezas de este caso por los delitos de prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio y falsedad.
El documento permitió que los propietarios obtuviesen una licencia de obras y encargaron a un arquitecto amigo de Massot, ya fallecido, la redacción del proyecto, en el que se hizo constar que existía una casa y que las obras eran para reformarla.
Massot volvió a informar a favor de la licencia, aunque en el expediente había fotos que demostraban que no había ninguna vivienda, y luego el abogado Rodríguez Miranda emitió un informe jurídico favorable a pesar de que, según el fiscal, sabía que no existía inmueble alguno en la finca.
Finalmente, el Ayuntamiento aprobó en 2002 la licencia y desde ese año hasta 2004 los propietarios construyeron una casa que, además de estar situada en otro sitio distinto al de los muros derruidos, se amplió respecto al proyecto con 168 metros cuadrados de terrazas y unas dependencias anexas de 33 metros más.
En 2005, cuando los propietarios pidieron la cédula de habitabilidad, el Consell de Mallorca detectó la supuesta ilegalidad, la denegó y abrió un expediente infractor.
El fiscal considera a los cuatro propietarios del terreno responsables de un delito urbanístico, por el que les pide 1 año y 6 meses de prisión, y otro de falsedad por el que reclama 1 año y 8 meses más.
A Massot le imputa uno de falsedad (3 años) y otro de prevaricación urbanística (1 año y 6 meses), a Gibert falsedad (1 año y 8 meses) y contra la ordenación del territorio (4 meses) y a Rodríguez Miranda prevaricación urbanística (1 año y 6 meses).
Además, pide para Massot una multa de 15.000 euros e inhabilitación para cargo público de 14 años y reclama a los cuatro propietarios que derruyan lo construido ilegalmente.