El Consejo Superior de Deportes exige al Ajuntament de Palma que le devuelva la subvención de los 3,8 millones de euros que recibió para la construcción del velódromo Palma Arena, ya que el gobierno de Aina Calvo no entregó la documentación requerida durante la pasada legislatura, alegando que se encuentra en poder judicial. El gobierno de Mateo Isern recurrió esta decisión, pero el Consejo Superior de Deportes ha desestimado el recurso de reposición; Cort interpondrá un contencioso administrativo.
En concreto, el pasado 12 de noviembre de 2007, el Consejo Superior de Deportes requirió a Cort el acta de recepción definitiva de las obras; la memoria económica justificativa; la declaración de otras ayudas, recursos o subvenciones que hayan financiado el proyecto; la carta de pago de reintegro si el importe de la ayuda concedida supera el coste del proyecto subvencionado; así como la documentacón fotográfica que en el cartel de la obra, una vez terminada, aparece el Consejo Superior de Deportes, como cofinanciador.
Incumplimiento
Sin embargo, el gobierno de Calvo no respondió y algo más de un año después (el 28 de febrero de 2009) Madrid le dio un plazo de 15 días hábiles para remitir la citada documentación. El Consistorio palmesano no contestó hasta el 4 de febrero de 2010 alegando que la documentación relativa a la construcción del velódromo estaba en posesión del consorcio para la construcción del velódromo de Palma. Así, justificaban que «la circunstancia de que el expediente administrativo se halle en sede judicial dificulta la aportación inmediata de la misma» y solicitaba una ampliación del plazo para entregarla. La Oficina Nacional de Auditoría de la Interveción General de la Administración del Estado lo rechazó y estimaba que «concurría causa de reintegro de la subvención». En base a esto, el Consejo Superior de Deportes acordó el 2 de diciembre de 2010 iniciar el expediente de reintegro de las subvenciones; y el 6 de octubre se notificó a Cort; el 22 de noviembre de 2011 Isern interpuso un recurso de reposición, que ha sido desestimado.
El portavoz del gobierno municipal, Julio Martínez, lamentó que por una «dejación de funciones del gobierno de Calvo» no se haya podido resolver este caso por vía administrativa y se tenga que recurrir a la judicial. Cort basará su defensa en el artículo 235.6 de la Ley de Contratos del Sector Público, ya que el velódromo está construido y acogió el campeonato de ciclismo del mundo.