El portavoz del Govern, Rafael Bosch, ha dicho que el Ejecutivo no prevé retirar el anteproyecto de modificación de la Ley de Función Pública a pesar de las numerosas alegaciones que el proyecto ha recibido por parte de diversos partidos y entidades sociales de las islas.
Cabe recordar que el anteproyecto de Ley de Función Pública, que se encuentra en estos momentos en fase de exposición pública y cuyo plazo para presentar alegaciones está a punto de concluir, pasa a considerar el catalán como un mérito y no como un requisito a la hora de acceder a la función pública, así como para la promoción interna.
Durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, Bosch ha explicado que el objetivo de la modificación de la ley es permitir la «coexistencia» de las dos lenguas oficiales en la comunidad (catalán y castellano) dentro de la función pública, al tiempo que «permitir que lleguen a la comunidad los mejores profesionales».
Cabe explicar que actualmente el catalán es considerado como un requisito a la hora de acceder a un puesto dentro de la función pública, si bien tras la modificación pasará a ser considerado como un mérito para algunas profesiones y categorías.
El portavoz ha señalado que se estudiarán todas las alegaciones que se presenten y que se tomarán en consideración aquellas que el Govern crea que mejoran el texto normativo, siempre y cuando estén dentro de «la línea del proyecto» iniciado por el Ejecutivo.
El anuncio de este anteproyecto ha suscitado diferencias de opiniones en distintos municipios de las islas, algunos incluso gobernados por el propio PP, como es el caso del Ayuntamiento de Manacor. A este respecto, Bosch ha señalado que, como instituciones que son, tienen «todo el derecho del mundo» a expresar su postura.
En cualquier caso, Bosch ha recalcado que la intención del Govern es que todos se sientan «cómodos» en un contexto de «convivencia lingüística». Asimismo, ha añadido que la idea no es que haya una «prevalencia» de una lengua sobre otra, sino una «coexistencia».
Descartan la privatización de IB3
El Govern balear descarta la privatización de la radiotelevisión autonómica IB3 y apuesta por desarrollar un modelo de «cogestión público-privada» que suponga la incorporación de capital particular con una fórmula jurídica aún por definir.
El portavoz del Ejecutivo autonómico, Rafael Bosch, ha subrayado hoy tras la primera reunión del Consell de Govern de 2011 que hay voluntad de «cambiar el modelo» de radiotelevisión pública para aligerar la carga económica que IB3 supone para las arcas autonómicas.
No obstante, ha incidido en que el anunció del Gobierno central de que posibilitará la privatización de las televisiones autonómicas habrá de concretarse en una norma legal y hasta entonces el Govern no definirá la fórmula de cogestión que adopta para integrar a inversionistas privados en la estructura de IB3.
Por otro lado, el Gabinete presidido por José Ramón Bauzá ha aprobado hoy la creación de cuatro nuevas escuelas infantiles en Palma, Ibiza, Capdepera y Alcúdia que tendrán un total de 22 unidades educativas.
El portavoz no ha informado cuándo estarán listos ni qué inversión supondrán estos nuevos centros escolares, que serán de titularidad de los respectivos ayuntamientos.
El Consell de Govern, celebrado por la tarde debido a que el presidente Bauzá participó ayer en un foro sobre turismo en Tenerife, también ha dado su visto bueno a la personación de la Comunidad Autónoma como acusación particular en el proceso judicial por la muerte de Nuria Orol.
Esta joven fue asesinada a puñaladas en su domicilio del Puerto de Andratx el pasado mes de octubre, un homicidio del que está acusado su exnovio.
El otro acuerdo del Govern destacado hoy por su portavoz es la autorización para que se modifiquen los estatutos del Centro Baleares Europa con el fin de adaptarlos a la ley del sector público instrumental.