El ex celador municipal de Andratx, Jaume Gibert, quien la pasada semana ingresó en prisión para cumplir condena por el caso Andratx, ha negado que cuando vendió un yate al propietario de un terreno donde éste pretendía levantar un chalet pese a ser zona protegida, le reclamase más dinero por el barco como contraprestación para favorecer la concesión de la licencia. «En absoluto pedí nada fuera de lo legal por el barco», ha incidido tajante durante el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial por la pieza 9 de esta causa.
Durante la declaración que ha prestado en calidad de testigo durante la vista, en la que están acusados el ex jefe de Urbanismo del Consistorio, Jaume Massot, y otros siete inculpados, Gibert ha negado de esta forma las afirmaciones que vertió al inicio del propietario de la parcela, Emilio Martínez 'El Panza', quien aseveró que fue Gibert quien le asesoró en todo momento a fin de obtener la licencia de forma irregular, pidiéndole por esas fechas «unos 3.000 euros» por encima del precio del barco.
Una revelación que motivó que el fiscal Juan Carrau solicitase devolver las pesquisas al Juzgado de Instrucción número 12, encargado del caso Andratx, a fin de averiguar si Gibert hubiera incurrido en un delito de cohecho, si bien finalmente la sala no lo estimó oportuno al no ver motivos suficientes para ello ni elementos que pudieran desvirtuar los hechos enjuiciados en la vista. De hecho, durante el interrogatorio del ex celador, el testigo ha asegurado que «en absoluto le garanticé que en su solar se fuera a poder construir».
Al ser preguntado también por el abogado de Massot, Fernando Mateas, si no fue una «casualidad» que coincidieran en el tiempo la venta del barco y la concesión de la licencia, Gibert ha aseverado que «ni coincidieron en fecha ni tenían relación». «Fui comentando a la gente que vendía el yate y Martínez se acercó para interesarse, así que se lo vendí a él. Qué quiere que le diga», ha espetado al letrado.
En su intervención ante el tribunal de la Sección Segunda, el ex celador ha recordado que emitió un certificado de antigüedad a petición de Martínez en el que hizo constar que la edificación que existía en la parcela tenía 30 metros cuadrados, superficie que no bastaba para ser considerada una vivienda preexistente a reformar. Sin embargo, ha negado que emitiese un segundo certificado en el que anotase de su puño y letra la reseña de 50 metros. «Fui una sola vez a la parcela y certifiqué que la construcción tenía 30 metros, no 50. Nadie me dijo que corrigiera el primer certificado», ha remachado ante la instistencia del fiscal.
Simplemente, ha manifestado, se limitó a firmar el segundo documento tras pasarle «inadvertida» la nueva inscripción ya que le pasaban numerosos documentos para rubricar. Tras negar que fuera su letra, ha asegurado desconocer quién había escrito el número 50.