El PSIB ha defendido hoy que se reclamen los 333 millones pendientes de pago por parte del Ministerio de Fomento de los convenios de carreteras de 1998 y 2004 pero ha advertido de que será difícil para el Govern justificar los incumplimientos de dichos acuerdos en la legislatura de Jaume Matas.
El diputado socialista y exconseller de Vivienda y Obras Públicas del Govern, Jaume Carbonero, ha negado hoy en una rueda de prensa la acusación del conseller de Administraciones Públicas, Simón Gornés, de que el Govern anterior, presidido por Francesc Antich, ocultara una sentencia del Tribunal Supremo del 8 de marzo sobre esta cuestión.
Carbonero ha asegurado que «las sentencias son públicas, no se ocultan» y ha detallado que él tuvo conocimiento de la misma el 18 de marzo y lo que hizo fue «acatarla» y enviar el 23 de marzo «un escrito al Ministerio de Fomento pidiendo de manera formal que se reúna la comisión mixta en cumplimiento de la sentencia».
El ex conseller ha explicado que la sentencia estimaba parcialmente un recurso de la comunidad autónoma al decir que se tenía que haber reunido la comisión bilateral mixta entre Gobierno y Govern «para tratar las discrepancias» y que el Ministerio de Fomento no podía resolver el convenio, como decretó en 2005.
«La sentencia no entra en el fondo de la cuestión que era que se pagase por parte del Ministerio el dinero previsto en el convenio», ha subrayado Carbonero, pero sí dice que el conflicto debe dirimirse en la comisión bilateral, por lo que él, como conseller, reclamó una reunión de la misma. No recibió respuesta.
Carbonero ha recordado que el Govern de Antich recurrió al Supremo para pedir «que se aportase a Baleares el dinero estipulado en el convenio» y ha insistido en que el PSIB defiende dicha posición pero ve difícil que se puedan justificar los incumplimientos en los que incurrió el ejecutivo presidido por Matas.
«El PSIB piensa que la cuantía de los convenios habría que defenderla porque está firmada y porque el dinero es muy necesario para la comunidad autónoma pero también entiende que será difícil discutir los incumplimientos en la comisión mixta», ha afirmado.
Comisión mixta
Carbonero ha detallado que «se adelantaron plazos, se multiplicaron por mucho presupuestos y se dejaron de supervisar proyectos por parte del Ministerio» y ha insistido en que «quien ha motivado todo esto es quien ha causado el problema» y «de forma sistemática hizo inversiones millonarias en infraestructuras sin tener presupuesto y engañando».
«Nos preocupa que se reúna cuanto antes la comisión mixta, como se solicitó por escrito y de palabra en reuniones con el Ministerio, y nos preocupa que un Govern mienta al explicar sentencias», ha dicho Carbonero sobre la afirmación de Gornés de que el ejecutivo de Antich ocultó la resolución del Supremo porque daba la razón al PP.
El exconseller también ha replicado a la acusación del Govern de que el anterior ejecutivo dejó de pagar 31 millones en expropiaciones de carreteras, lo que ha generado unos intereses de demora de 6,6 millones, y ha asegurado que cuando el PSIB llegó al Govern en 2007 «el PP no había pagado ni un euro en materia de expropiaciones».
Ha explicado que entre 2007 y 2009 el Govern pagó «todos los mutuos acuerdos a todas las personas expropiadas que alcanzaron pacto con la administración» y solo quedaron pendientes aquellos en los que los afectados discreparon del precio y «apelaron a una instancia superior, ya sea la comisión de expropiaciones o los juzgados de lo contencioso-administrativo».
Según Carbonero, «hasta que haya sentencia no se podrá pagar» y ha admitido que es posible que en 2011 haya habido alguna resolución que esté pendiente de pago.
La secretaria de Organización socialista Rosamaria Alberdi ha acusado al Govern actual de mentir y de «hacer lo mismo que hacía el Govern Matas, entre otras cosas porque la señora (Mabel) Cabrer pertenecía a él, y están siguiendo la misma trayectoria».
«Lo que nos preocupa es que el Govern de (José Ramón) Bauzà está poniendo peros a las próximas inversiones que se han de hacer en esta comunidad autónoma», ha dicho Alberdi que ha explicado su sospecha: «Los 300 millones se tienen que invertir en carreteras y creo que se están justificando para no invertir ese dinero».