El PSIB-PSOE ha planteado hoy al PP pactar fórmulas y soluciones que eviten el cierre de la Radio y Televisión de Mallorca, cuyo presupuesto anual de 10 millones de euros se puede obtener del recorte en otras áreas del Consell de Mallorca, institución de la que depende este medio de comunicación público.
«Es verdad que es difícil recortar» de algunas áreas para reunir ese dinero, pero «no es una tarea imposible», se ha mostrado convencido el portavoz del PSIB en el Consell mallorquín, Jaume Garau con ocasión de la rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana sobre este asunto.
Los socialistas entienden que si el PP tiene entre sus objetivos principales de gobierno crear empleo, lo que no pueden hacer es dejar sin trabajo a 120 personas y además, de manera indirecta, a unas cien pequeñas empresas audiovisuales que ofrecen sus productos.
Antes de cerrar este medio, Garau ha pedido a los populares que «escuchen» al sector audiovisual y que se haga un estudio económico de lo que puede suponer este cierre.
Garau ha insistido en la necesidad de buscar alternativas, como podría ser que Radio Televisión de Mallorca sea el segundo canal de IB3, tal y como sucede en otras comunidades autónomas.
También ha defendido que el PP no puede fundamentar su decisión solamente en el coste de este medio de comunicación, sino que debe también barajar la importancia de las empresas audiovisuales como un sector emergente en Baleares, su papel social y su función en pro de la normalización lingüística.
Garau ha dicho que si el Gobierno del Consell (PP) cambia de opinión y mantiene TV Mallorca «lo aplaudiremos», y en este contexto ha recordado que el Govern balear de la pasada legislatura, dirigido por los socialistas, continuó las obras del hospital de Son Espases de Palma iniciado por los populares porque era la solución más adecuada en ese momento.
«Convirtamos un problema en una oportunidad», ha señalado el portavoz socialista en referencia a la concreción de alternativas para salvar este medio de comunicación que se puso en marcha en la pasada legislatura con el consenso de todos los partidos políticos.