El titular del Juzgado de Instrucción número 6, Miquel Florit, ha dado el primer paso para sentar en el banquillo de los acusados a un total de 21 imputados, entre ellos el ex gerente del consorcio Turisme Jove, Damià Amengual, y el ex director general de Joventut en el anterior Govern del PP, Juan Francisco Gálvez, tras poner fin a la instrucción del caso que investiga el presunto desvío de más de un millón de euros a través de esta empresa pública y que dejó a esta entidad en quiebra técnica.
Así consta en el auto que da paso a Fiscalía y acusación popular, en representación del PP, para que formulen escrito de acusación como paso previo a la apertura de juicio oral o por el contrario soliciten el sobreseimiento de la causa. La resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, apunta a que entre 2005 a 2007 tanto Amengual y Gálvez como el ex jefe de Mantenimiento de Turisme Jove, Juan Francisco Gosálbez, idearon, planificaron y desarrollaron actuaciones dirigidas a conseguir que «importantes» cantidades de fondos públicos fuesen utilizadas en «beneficio y provecho privado».
Ausencia de controles
Para ello, aprovechándose de la falta absoluta de controles administrativos sobre su gestión, contaron con la intervención de los otros encausados -particulares con quienes se relacionaban o contrataron «fuera de toda norma de contratación pública"- con quienes «se concertaron» y a los que admitieron facturas que no se correspondían con servicios prestados, tal y como apunta el magistrado en su auto.
En el marco de estos hechos, los responsables del consorcio habrían cobrado comisiones por la adjudicación de los contratos y habrían interpuesto sociedades expresamente constituidas para defraudar a la administración, obteniendo del erario público el reintegro de gastos personales y ocasionando de este modo a Turisme Jove un perjuicio que superaría el millón de euros, según las investigaciones practicadas dentro de este caso.
Malversación, cohecho y otros cuatro delitos
En concreto, sobre los encausados pesan los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y defraudación.
Además de Amengual, Gálvez y Gosálbez, el juez ha decretado que continúe el proceso penal contra el empresario de Injerjes de Paguera y ex regidor de Calvià, Jesús García Oeo; el publicista Joan Rosselló; el empresario Miguel Rigo; la compañera sentimental de éste último, María Auxiliadora Pérez; el constructor Marcos Pérez; los socios de Náutica Aventura, Antonio Dols y Bartolomé Gayà; la ex secretaria general de la Conselleria de Medi Ambient, María de los Reyes Carbonell, y Juan Pedro Carbonell.
Junto a los anteriores encausados se encuentran el constructor Antonio Tugores; el director ejecutivo de Sáez Urios, Antonio Noguera; el publicista Manuel Carmelo; el arrendador de un local de Turisme Jove, Bernardo Carbonell; y los empresarios Matías Vidal; Llorenç Jaume; Pau Pujante; José Manuel Maíz y André José Villena, hotelero francés que según las pesquisas facturó 120.000 euros al consorcio varias estancias en establecimientos de Alpe d'Huez (Francia) y Vago (Portugal) que nunca llegaron a realizarse.
Por su parte, la Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento de la causa respecto a María de los Reyes, Juan Pedro Carbonell, Bernardo Carbonell, José Manuel Maíz, Matías Vidal, Antonio Noguera y Joan Rosselló, si bien el juez manifiesta en su auto que esta cuestión se resolverá una vez hayan sido presentados los escritos de acusación.
Cabe recordar que el caso se inició en agosto de 2008, después de que la Conselleria de Joventut i Esports, que en la segunda legislatura de Matas estaba dirigida por la consellera Rosa Puig, detectase irregularidades en la gestión del Consorcio y pidiese a los Servicios Jurídicos del Govern que investigaran estas anomalías. Tras confirmarlas, el Ejecutivo autonómico puso estos hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción.