El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha citado como imputado al exvicepresidente del Instituto Nóos Diego Torres en relación a unos convenios firmados en 2005 y 2006 con la Fundación Illesport y el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), dependientes del Govern balear.
Su citación para el día 22 de junio, que seguramente se aplazará a petición de un abogado, se refiere a la pieza número 25 de esta extensa causa, han informado fuentes jurídicas.
En la pieza se investiga como asunto principal el supuesto desvío de fondos públicos en la construcción del velódromo Palma Arena durante la legislatura 2003-2007, un pabellón que costó unos 100 millones de euros, el doble de lo inicialmente presupuestado.
En el caso se indaga además, entre otras cuestiones, el supuesto incremento irregular del patrimonio del expresidente autonómico Jaume Matas (PP) durante el citado mandato.
Los convenios a los que se refiere esta pieza fueron firmados el 17 de julio de 2005 y el 17 de septiembre de 2006 y sirvieron para crear el Illes Balears Forum, un encuentro internacional sobre deporte y turismo que pretendía convertirse en un observatorio permanente y mundial especializado en estas dos materias.
Así lo explicó en una rueda de prensa en octubre de 2005 Jaume Matas, que estuvo acompañado por el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, que presidía entonces el Instituto Nóos, organizador del evento.
El foro se celebró por primera vez en noviembre de 2005 en Palma y su segunda y última edición tuvo lugar en 2006 en virtud de los dos convenios.
Cuando se firmó el primer convenio, Torres era el vicepresidente del instituto y Urdangarín, el presidente, pero este último dejó su cargo y en 2006 Torres pasó a presidir el organismo.
En febrero de 2006, el PSIB-PSOE preguntó al Ejecutivo autonómico del PP en el Parlament balear por la supuesta existencia de pagos irregulares a los organizadores de este foro, extremo que negó entonces el PP.
En concreto, la pregunta del PSIB versaba sobre el destino de 1,2 millones de euros que abonó el Govern al Instituto Nóos para que organizase en noviembre de 2005 este encuentro internacional, ya que consideraba que este gasto era un derroche que planteaba dudas sobre el uso real de estos fondos públicos.