El juez decano de Palma, Francisco Martínez, explicó ayer en un comunicado que en relación a la denominada 'operación Picnic' y a las detenciones por corrupción, «han primado, en definitiva, y como no puede ser de otra forma, el buen fin de la investigación». Por ello, insiste en que la entrada y registro practicadas recientemente en la sede de un partido político (UM) «se cometió rigurosamente a la legalidad, tanto en la ineludible exigencia de la decisión judicial motivada como en su práctica».
El delegado de Gobierno, Ramón Socías, había criticado las últimas actuaciones judiciales, y tachó de «desproporcionadas» las detenciones por corrupción.
El juez decano sostiene que «la actuación de los correspondientes equipos de la policía judicial en el curso de las referidas actuaciones se ha sometido igualmente a los más estrictos dictados de la legalidad, de rigor profesional y la prudencia, con sometimiento a las instrucciones superiores y a los protocolos establecidos».
Martínez concluye afirmando que «por tanto, frente a dicho criterio primordial, no se pueden invocar criterios de oportunidad o conveniencia ajenos al núcleo esencial de la actuación judicial y policial».
Hubo más reacciones a lo dicho por Socías.
n Guardia Civil: «Lo que marca la Constitución» El sindicato de la Guardia Civil señala que el delegado del Gobierno «debería saber el contenido del artículo 14 de la Constitución Española, que promulga la igualdad de todos los españoles ante la ley y que si se produce algún incidente con el detenido por ir sin grilletes, el responsable último es el agente que lo detiene. Al señor delegado seguro que no lo procesan».
n Policía: «Ataque cobarde y vil». La Unión Federal de Policía calificó de «bochornosas» las declaraciones del delegado del Gobierno y consideró que había «atacado de manera cobarde, vil y pusilámine a jueces, fiscales y policías». Para este sindicato «llama poderosamente la atención» que el sindicato prefiera «citar» a los autores de una malversación de 1,2 millones y en otras «se presione a la policía para que haga más detenciones».
n PSIB: «Sólo recordó la LEC». El portavoz socialista y abogado Antoni Diéguez dijo que el delegado se había limitado a recordar lo que dice la «Ley de Enjuiciamento Criminal» y que no había que sacarlo de contexto. Afirmó que está de acuerdo en que se deben evitar las «humillaciones innecesarias».
n PP: Ramis le llama 'cínico' y Pastor no opina. Miquel Ramis, secretario general, se mostró de acuerdo con la argumentación pero criticó su «cinismo». Antoni Pastor eludió comentarios, limitaándose a mostrar su «máximo respeto».
n PSM: «Se podían evitar las esposas». Antoni Alorda, del PSM y diputado del Bloc, afirmó que «las formas no deberína hacer olvidar que se trata de un hecho muy grave que implica a todo a un partido». Aun así, señaló que «posiblemente se hubieran podido evitar las esposas» en las deligencias.