El registro en la sede de Unió Mallorquina, el primero a un partido político desde la instauración de la democracia en Balears, se saldó ayer con las detenciones de tres ex cargos del Ajuntament de Palma, la ex gerente del IMFOF (Instituto Municipal de Formación y Ocupación) Catalina Payeras, la ex coordinadora de Medi Ambient Paula Cortés, y el asesor de Medi Ambient Salvador Maimó.
La nueva operación denominada 'Picnic' contra la corrupción en Palma, dirigida bajo secreto del sumario por el titular del Juzgado de Instrucción 8, Antoni Rotger, comenzó el pasado jueves con la detención, interrogatorio y posterior puesta en libertad con cargos de Payeras, y siguió ayer con el arresto de Cortés y Maimó, que anoche durmieron en las dependencias policiales. La causa, que apunta a la supuesta trama electoral organizada por UM en las pasadas elecciones, es un fleco del 'caso Maquillaje'. Los investigadores no descartaban anoche que se registraran más detenciones de ex altos cargos de UM en la actual legislatura.
Los acontecimientos se precipitaron tras la declaración en la sede policial de Catalina Payeras, defendida por el abogado Jaime Campaner, ya que tras quedar en libertad, el juez firmó pasadas las dos de la madrugada del viernes el auto de entrada y registro en la sede de UM, situada en la calle Sindicato de Palma. A las ocho de la mañana, miembros de la policía judicial se pusieron en contacto telefónico con dirigentes de UM para poder acceder al edificio. El registro, en el que participaron los fiscales Pedro Horrach y Miguel Àngel Subirán, se prolongó durante unas siete horas y fue seguido paso a paso por los medios de comunicación. El presidente de UM, Meliá, precisamente, criticó lo que definió como 'show mediático' orquestado en torno al registro de su sede, mientras que otras fuentes del partido calificaban de «desmesurada» la acción policial.
Finalmente, la comisión judicial abandonó la sede de UM a las 15:37 horas con media docena de cajas de documentación tras siete horas de registro. De forma paralela, la policía registró la sede del IMFOF y una empresa de transporte en Sóller, Arbotur, dedicada al transporte de pasajeros. El propietario de esa empresa es hermano de un miembro de UM de Sóller, el ex concejal y ex alcalde Antoni Arbona, imputado en el 'caso Voltor'.