El titular del Juzgado de lo Penal número 4, Juan Manuel Sobrino, ha condenado a una multa de 1.080 euros (doce meses a tres euros diarios) al ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, por un delito de encubrimiento tras alcanzar un acuerdo de conformidad con las acusaciones en la vista oral celebrada por la pieza número 2 del caso Andratx.
También ha sido condenado a dos multas de mil euros al otro de los acusados en este fleco, Antonio Belén. En concreto, la Fiscalía solicitaba dos años de prisión contra el ex primer edil mientras que la acusación particular, ejercida por los letrados Josep de Luis e Isabel Fluxà en nombre del Ayuntamiento 'andritxol', reclamaba un total de tres.
Para Belén pedían otros tres años por el delito contra la ordenación del territorio. Este último acusado deberá además demoler lo ilegalmente construido.
Hidalgo ha acudido a los Juzgados de Vía Alemania desde el centro penitenciario de Palma, donde cumple condena por otras dos piezas separadas de la causa y ha permanecido durante los cinco minutos que ha durado la vista flanqueado por varios agentes policiales, para ser de inmediato conducido nuevamente a la prisión.
Tras el acuerdo alcanzado, se considera probado que Belén adquirió en enero de 2003 una parcela ubicada en suelo rústico protegido, clasificado como Area Natural de Especial Interés (ANEI), en la que únicamente existía una pequeña casa de aperos de 20 metros cuadrados.
Pese a ello, un mes después el acusado solicitó licencia de obras para «cambiar cañas por rasillas de 20 metros cuadrados (sin afectar a elementos estructurales)», que fue informada de forma favorable por el entonces jefe de Urbanismo Jaume Massot así como por el asesor jurídico Ignacio Mir.
Ese mismo día fue otorgada mediante decreto la licencia, con la que, amparándose en su amistad con el primer edil, Belén construyó una vivienda unifamiliar de nueva planta de 70 metros cuadrados y un anexo de 10.
Por su parte, Hidalgo no solamente no impidió el levantamiento de la edificación ilegal, omitiendo su obligación de perseguir obras ilegales y delictivas, sino que llevó a cabo cuantos actos eran necesarios para encubrir la construcción.
Tras diversas inspecciones, entre ellas por parte del Consell de Mallorca, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) se personaron en la finca y constataron la existencia de una construcción de nueva planta que nada tenía que ver con la licencia concedida.
Es más, a pesar de las múltiples notificaciones por parte de la Institución supramunicipal, Hidalgo, según el escrito, hizo caso omiso a los requerimientos efectuados y fue tras anunciar el Consell la subrogación de las competencias de urbanismo de Andratx cuando incoó los trámites para iniciar un expediente administrativo de suspensión de obras, para evitar que la institución insular demoliese los trabajos.
En este decreto se ordenó además abrir un expediente sancionador como mero recurso para favorecer a Belén, que se mantuvo inconcluso y aparentemente en tramitación como medida para mantener las obras y usos dados al inmueble.