El pleno del Parlament ha aprobado hoy una proposición no de ley de Unió Mallorquina (UM) que insta al Govern a promover la redacción de una ley de cajas de ahorros, una norma de la que disponen todas las comunidades autónomas salvo Baleares.
La cámara legislativa ha aprobado por asentimiento crear dicha ley, aunque ha rechazado -con 3 votos a favor de los diputados de UM y 44 en contra de los demás- aprobar un decreto urgente transitorio para que el Govern deba autorizar cualquier cesión de activo de una caja o adhesión a un Sistema Institucional de Protección (SIP).
El diputado de UM Josep Melia ha justificado la proposición no de ley por el hecho de que Baleares es la única comunidad que carece de ley de cajas de ahorros, algo preceptivo a partir del Decreto 6/1984, y por la preocupación que ha generado el proceso de fusión de entidades bancarias.
Ha señalado que su mayor preocupación radica en la posible desnaturalización de las cajas de ahorros, de las que ha dicho que «se están deslocalizando y privatizando». Según el diputado, con la reestructuración, las cajas están cambiando sus sedes de lugar y además el proceso es «un primer paso hacia su conversión en bancos».
El diputado de UM ha criticado que en los procesos de reestructuración de las cajas ha habido «una clara invasión competencial» porque las competencias son autonómicas y ha reclamado que el Govern «tenga potestad decisoria en procesos de fusión».
En el caso concreto de Baleares, Melia ha dicho tener la impresión de que el Govern «ha intervenido muy poco» en el proceso de integración en el que está inmersa Sa Nostra.
«No cuestionamos el proceso de Sa Nostra sino el papel del Govern en el mismo (...) y el hecho de que el objetivo final sea que las cajas se conviertan en bancos lo tenemos que evitar», ha reclamado.
Según el diputado regionalista, el proceso de fusiones se ha justificado en la necesidad de obtener fondos internacionales y de poder recurrir al Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB), cuando en realidad oculta «prejubilaciones, despidos, cierre de oficinas, externalización de servicios y un proceso que se ha querido ocultar a la opinión pública».
«Nos resistimos al camino final de la desaparición de las cajas de ahorros, y en concreto de Sa Nostra y su poder decisorio en Baleares, consideramos que hace falta una ley de cajas de ahorros y que el Govern controle y tenga potestad para garantizar que no se producirá esta desnaturalización de su vínculo con el territorio», ha afirmado.
El diputado del Bloc per Mallorca y PSM-Verds Antoni Alorda ha pedido que se promuevan unas cajas de ahorros «potentes, solventes y arraigadas a su territorio», pero ha rechazado que el Govern apruebe un decreto urgente para decidir sobre la integración que ya han iniciado entidades como Sa Nostra, por considerar que generaría «confusión en algo que ya se ha producido».
El socialista Josep Lluis Carretero ha asegurado que hay una propuesta legislativa sobre cajas de ahorros que únicamente tendría que actualizarse para ser tramitada y aunque ha manifestado que no lo considera «ni tan urgente ni tan imprescindible» como ha señalado UM, ha defendido que se lleve adelante.
El diputado popular Antoni Serra ha dicho que los procesos de concentración son generalizados y lógicos en la situación de crisis con una mayor morosidad y caída de la solvencia económica, aunque ha advertido de que generan riesgos que no se pueden obviar, como la deslocalización.
«Lo fundamental es que todos los clientes sepan que sus fondos van por buen camino y están garantizados», ha reclamado Serra, para lo que es necesaria una legislación específica que aporte seguridad.
El diputado popular ha denunciado «una falta de implicación preocupante» por parte del Govern en el proceso en el que está inmersa Sa Nostra y ha dicho que «debería ser compensada, como mínimo, con esta legislación».
Serra ha rechazado sin embargo que el Govern deba autorizarlo a estas alturas, cuando el proceso está muy avanzado porque «cuestionarlo y ponerlo en duda» es lanzar un mensaje negativo.
Por otra parte, el pleno ha dado conformidad por asentimiento a un informe de la Comisión del Estatuto de los Diputados que ha certificado que no hay incompatibilidad por parte de los últimos parlamentarios que se han incorporado a la cámara como son Isabel Alemany y Maria Antonia Sureda, de UM; Marc Pons del grupo socialista; y Virtudes Marí y Maria Montserrat del grupo popular.