El Govern cree que el Ejecutivo central «tiene que asumir» el sobrecoste del transporte marítimo de mercancías entre la península y Balears, además de buscar fórmulas para abaratar y hacer más frecuentes las conexiones por mar entre el archipiélago y el continente.
Así lo ha afirmado hoy la directora general de Transporte Aéreo y Marítimo, Joana Amengual, tras la reunión de la Mesa de Transporte Marítimo, en la que ha informado de que en los próximos días se creará un órgano para hacer un seguimiento de los precios.
Este «observatorio de precios de transporte marítimo» determinará en qué medida el coste de los suministros provenientes de la península es superior para las empresas insulares que para las que trabajan en el continente, análisis que servirá de base para reclamar al Gobierno que compense esa desventaja.
«Todos los estudios atribuyen al transporte marítimo un sobrecoste de la mercancía que llega a las islas», ha señalado Amengual, para quien «no es justo que una empresa de Baleares pague más por recibir el material que una empresa de Zaragoza, simplemente porque lo tienen que traer en barco».
Según la directora general, la insuficiencia de los servicios y el excesivo coste del transporte marítimo con la península son carencias denunciadas por los empresarios del archipiélago, principalmente por los de pequeñas y medianas empresas, que tienen especiales problemas por la escasa cantidad de material que mueven.
«Al haber pocas frecuencias se da prioridad a los clientes grandes» que importan mercancías, por lo que en ocasiones hay pequeños empresarios cuyos suministros están hasta un mes esperando espacio en los buques cargueros que parten de Barcelona hacia Mallorca, ha manifestado Amengual.
Además, ha incidido en que esta situación se produce «con el agravante» de que desde 2007 existe un contrato de servicio público con la compañía Acciona-Trasmediterránea que, a su juicio, se ha mostrado claramente «insuficiente».
El Govern, junto con los consells insulars, ya ha planteado al Ministerio de Fomento, la necesidad de participar en la negociación del próximo contrato de servicio público, que tiene que renovarse dentro de un año, ya que la declaración de 2007 se concretó sin la participación de las instituciones baleares.
«Denunciamos que tenemos pocas frecuencias y precios muy elevados y queremos intervenir en la próxima redacción de un contrato de servicio público», ha manifestado Amengual.
Además, la directora general ha anunciado a los integrantes de la Mesa del Transporte Marítimo, que el próximo martes el pleno del Parlament previsiblemente aprobará la nueva ley de ordenación del sector.
Esta normativa, consensuada con todas las fuerzas políticas, establecerá un registro de navieras, regulará las frecuencias interinsulares básicas, abrirá «la puerta» a la declaración de obligaciones de servicio público y fijará los derechos y deberes de los usuarios.