El Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura de Palma está rastreando las numerosas facturas, por un importe total de 2,5 millones de euros, que Ibatur pagó a la empresa audiovisual Espiral. Las sospechas policiales apuntan a que una parte importante de esos trabajos cobrados al Govern en realidad no se realizaron y que algunos cobros se desviaron. Ayer fue imputado el ex alcalde de Montuïri, Joan Antoni Ramonell.
G.D, el dueño de Espiral Producciones Televisión S.L., y B.M., administrador del Centro de Comunicación Creativa, pasaron el martes su primera noche en los calabozos del Cuerpo Nacional de Policía y ayer por la noche fueron interrogados. La mujer de éste último fue arrestada el martes por la tarde, pero después quedó en libertad.
Sospechas
A los investigadores les ha llamado la atención la cantidad de trabajos que la empresa de G.D. realizó para el PP entre 2003-2007, cuando Jaume Matas era el presidente del Govern. Espiral cubría las campañas y los actos promocionales de Matas, Estarás y otros dirigentes populares de aquella época y los investigadores sospechan que una parte importante del dinero que la empresa cobró pudo ser por trabajos ficticios. Es decir, que se facturaron pero nunca se llevaron a cabo.
Delincuencia Económica está siguiendo varias pistas que conducirían a una supuesta financiación irregular del Partido Popular. Otra parte del dinero malversado podría haber ido a parar al pago de comisiones. La segunda fase de la operación Pasarela está prácticamente finiquitada y la tercera podría abrirse en las próximas semanas. En la nueva fase los interrogatorios podrían girar, entre otros puntos, entorno al golf de Pula y a las actividades del empresario Romeo Sala, cuya sede en Son Servera ya fue registrada.
Ayer por la tarde fue citado a declarar en las dependencias policiales el ex alcalde de Montuïri Joan Antoni Ramonell, muy vinculado a Matas, y que compareció en calidad de testigo. Sin embargo, parece ser que el ex político y socio de Juan Carlos Alía en la empresa de comunicación de Marratxí no colaboró con los investigadores y al término del interrogatorio su condición procesal cambió de testigo a imputado. El abogado Llorenç Salvà lo asistió y dos horas después Ramonell salió en libertad con cargos de la Jefatura.
Los agentes interrogaron a Ramonell por los contratos suscritos por su empresa de comunicación con el Ibatur, todos ellos obtenidos después de que Juan Carlos Alía dejara la gerencia del instituto público tras el 'escándalo Rasputín'. En sus declaraciones ante el juez, el ex gerente había rechazado que los tres contratos, por los que facturó unos 30.000 euros fueran la compensación por asumir la responsabilidad de los pagos en el local erótico moscovita.