La Fiscalía reactiva la investigación sobre el Plan Territorial

La Fiscalía Anticorrupción ha reactivado el 'caso Plan Territorial de Mallorca', la supuesta trama político empresarial que inició su recorrido judicial en 2008 por supuestas plusvalías millonarias, unos 300 millones de euros, según el Ministerio Público, obtenidas con la recalificación de terrenos. El fiscal ha solicitado al juez instructor, Miquel Florit, que cite a más imputados y testigos.
Hasta ahora, ya han declarado como inculpados en la causa el portavoz del PP en el Consell de Mallorca Jaume Font, el ex diputado de UM Bartomeu Vicens y los promotores inmobiliarios Vicenç Grande y Mateu Sastre.
En la primera fase del 'caso Plan Territorial de Mallorca' prestaron declaración varios testigos, entre ellos empresarios y técnicos, en actuaciones presididas inicialmente por el secreto sumarial.
Supuestos delitos
El juez investiga la supuesta comisión de tres delitos (información privilegiada, tráfico de influencias y prevaricación) en las negociaciones de las Areas de Reconversión Territorial (ART).
Según la Fiscalía, entre principios de 2003 y finales de 2004 diversas personas administradoras tuvieron conocimiento «de manera anticipada» de determinados cambios urbanísticos, que iba a suponer posibilidades legales a terrenos que en ese momento tenían la consideración de suelo rústico. Los denunciados utilizaron dicha información para adquirir terrenos y conseguir una plusvalía millonaria.
Para la Fiscalía, el Plan Territorial de Mallorca favoreció los intereses económicos de determinadas empresas dedicadas a la promoción inmobiliaria, al menos, en tres áreas. La denuncia sostiene que se falseó la situación urbanística de determinadas zonas, su realidad física, y la jurídica de determinados inmuebles.
«El contenido del plan era arbitrario en la elección de los inmuebles a desclasificar e igualmente arbitrario en los lugares a los que se trasladaban las posibilidades urbanísticas», señalaba la denuncia.
El fiscal se pronuncia con contundencia al afirmar que el Plan Territorial pasó a ser «el instrumento elegido por los denunciados para dar cobertura legal y enmascarar lo que en lenguaje coloquial se conoce como pelotazo».
Plusvalía
En concreto, la Fiscalía se fija en la plusvalía conseguida mediante la selección del Hotel Don Pedro, en Cala San Vicente, a cambio de recalificar grandes zonas de terreno rústico en Campos. La plusvalía con la operación fue de 51,3 millones. Ocurre algo similar con el Hotel Rocamar, en el Puerto de Sóller.
En el ÀRT de sa Ràpita-Campos, a cambio de acondicionar una vaquería como centro de interpretación, se consigue un sector urbanizable de 35,28 hectáreas para viviendas y zona hotelera. Esta operación significaba una plusvalía de 65,8 millones de euros.
Por último, la investigación de Anticorrupción asegura que mediante traslado del aprovechamiento urbanístico de una zona de Alcúdia se recalificaban terrenos en Marratxí (sa Cabaneta y es Caülls).