El 25 de noviembre de 1895 murieron, tras una explosión en un almacén de pólvora situado en el revellín de Sant Ferran, también llamado de Can Pelat, en la zona en la que actualmente está ubicada la Delegación de Hacienda de Palma, un total de 99 personas, la mayoría mujeres y niños, en principio como consecuencia de una negligencia por parte del empresario que no aplicó las medidas de seguridad recomendadas en aquella época.
El accidente tuvo una gran repercusión a nivel social no sólo en Mallorca, sino también en el resto del país. Más de un siglo después, el Govern decidió fijar el Día de la Seguridad Laboral en Balears en el aniversario del accidente de trabajo más grave de la historia de la Isla, mientras que el sindicato UGT acaba de editar un volumen en el que analiza el suceso, recoge algunas declaraciones realizadas en el proceso judicial posterior y publica incluso la lista íntegra de los fallecidos. El título de la obra es «El Record d´Una Tragèdia».
El polvorín donde sucedió el accidente, en el que murieron 70 personas de forma instantánea y el resto en el hospital, pertenecía a la Fuerzas Armadas, quienes, mediante subasta pública contrataron al empresario Gabriel Padrós para que inutilizara un millón y medio de balas que se habían quedado obsoletas. Padrós, a su vez, contrató a un grupo de ciudadanos para que ejecutaran el trabajo, que consistía en vaciar de pólvora cada una de las balas y tirar la pólvora en cubos de agua para evitar que se produjera algún percance.
Sin embargo, Padrós decidió no inutilizar la pólvora con el objetivo de venderla posteriormente a una empresa de Barcelona, por lo que instó a sus trabajadores a que la dejaran en cubos, lo que representaba un enorme peligro para las mujeres y niños encargadas de realizar el trabajo.
Además, el empresario no contaba con personal experto en un número suficiente para realizar este trabajo ni tampoco de personal dedicado a almacenar la pólvora retirada con la frecuencia adecuada.
El empresario Padrós fue acusado de homicidio involuntario por negligencia y fue juzgado en dos procesos judiciales, uno civil y otro militar. El primero le obligó a indemnizar a las familias damnificadas y el segundo le condenó a tres años y tres días de prisión y pagar 1.000 pesetas por cada muerto.
Según indica la obra editada por UGT, la onda expansiva afectó a las zonas próximas a la Porta de Jesús, la Porta de Santa Margalida y la Porta Pintada.
Toda Mallorca quedó conmocionada, el duelo fue general en todo el Estado español y se abrieron, a iniciativa de la reina regente María Cristina, cuentas de donaciones y colectas en toda España para las familias de los muertos.
En Mallorca, diferentes instituciones, entidades y medios de comunicación, entre ellos Ultima Hora, abrieron cuentas bancarias para recaudar fondos para las familias, mientras los principales intelectuales publicaban un libro cuyos beneficios se destinaron a los damnificados.
Actualmente hay un monolito en la calle Ceicilio Metelo, frente a la Delegación de Hacienda en homenaje a los muertos, que se colocó durante la II República, y una placa en la fosa común del cementerio de Palma donde los accidentados fueron enterrados, construido el mismo año de la tragedia.