FRANCISCO BARRASA
Los Juzgados de Balears continúan por octava semana consecutiva bajo mínimos de funcionamiento como consecuencia de la huelga de funcionarios, aunque el seguimiento oficial de la medida de presión vincula apenas a un tercio de los empleados. Ayer, la suma de los «días propios» solicitados con antelación y el trabajo a ritmo lento en las oficinas judiciales dibujaron una jornada más de parálisis en el sector.
Por su parte el ministro de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo, dijo ayer que confía en que la huelga de los funcionarios termine «en breve plazo», y se mostró esperanzado en que «pronto se recupere la normalidad en los Juzgados y se comience a trabajar para poner al día los asuntos aplazados por el paro».
Polémica por los 'mínimos' Las sindicatos convocantes insistieron ayer en que su demanda de homologación salarial con la media de los sueldos de los funcionarios de las comunidades autónomas con competencias en Justicia son «justas» y discreparon acerca de los servicios mínimos, ya que mientras Fernández Bermejo señaló que su departamento «no tolerará» que se incumplan, los representantes de los trabajadores afirmaron que los están cumpliendo «escrupulosamente» a pesar de considerarlos abusivos. La coordinadora del sector de Justicia de CC OO en Balears, Pilar Claro, acusó ayer al Ministerio de Justicia de llevar a cabo una campaña para desprestigiar a los trabajadores en huelga y de aplicar una política para «asustar» a los funcionarios, al tiempo que añadió que los trabajadores continuarán con el paro hasta que el Gobierno convoque una mesa de negociación que permita dar salida a esta situación.
De su lado la Seguridad Social señaló ayer que admitirá, mientras se mantenga la huelga en Justicia, los certificados médicos de nacimiento, defunción y demás documentos alternativos para acreditar las situaciones que dan lugar a prestaciones de maternidad, paternidad, ayuda por nacimiento o adopción de hijo y las derivadas de muerte y supervivencia (viudedad, orfandad y auxilio por defunción).
De esta forma la Seguridad Social garantiza el derecho de los ciudadanos a las prestaciones sociales que precisan de certificados expedidos por el Registro Civil, a condición de que al finalizar la huelga de funcionarios de Justicia los ciudadanos presenten el certificado oficial del Registro Civil correspondiente.