La Confederació d'Associacions Empresarials de Balears, CAEB, y la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca, PIMEM, advirtieron ayer que el decreto ley de protección aprobado por el Govern provocará la presentación de reclamaciones por parte de empresarios y particulares afectados y obligará al Govern a hacer frente a indemnizaciones millonarias.
El presidente de CAEB, Josep Oliver, remarcó que el decreto del Govern, a la espera de estudiarlo detalladamente, supone la paralización de la construcción y de cualquier otra actividad que requiera de una licencia administrativa, por lo que consideró que se trata de una decisión «de envergadura».
«Tenemos que ver qué vigencia tendrá esta medida que, sin ninguna duda, tendrá efectos sobre los propietarios y empresarios con intereses en estas zonas. Es de suponer que a ninguno de ellos les gustará y supongo que exigirán sus derechos» añadió Oliver.
En los mismos términos, el presidente de PIMEM, Juan Cabrera, afirmó que esta decisión provocará reclamaciones e indemnizaciones. «Se tiene que valorar cuánto nos va a costar a los ciudadanos, porque alguien tendrá que pagar y los políticos nunca pagan», añadió.
Por su parte, el Grup Balear de Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) considera que la suspensión de los proyectos de urbanización de los enclaves de Ses Fontanelles, en la Bahía de Palma, y Ses Feixes, en Eivissa, era una iniciativa «urgente y fundamental», teniendo en cuenta que «en cualquier momento podían entrar las máquinas excavadoras» en estas fincas.