Balears está perdiendo ayudas procedentes del Ministerio de Sanidad porque no ha sabido adaptarse al espíritu de la ley nacional antitabaco. No es ninguna sorpresa, porque el «apaño» que se hizo en las Islas para mantener contento al sector hostelero ha provocado que, a la hora de la verdad, se fume en prácticamente todos los establecimientos de la hostelería.
Se puede discutir hasta qué punto un gobierno autonómico debe proteger al principal sector de su economía por encima de los intereses del conjunto de sus ciudadanos, pero lo que es innegable es que desde Madrid se negarán siempre a financiar proyectos de prevención y rehabilitación en temas de tabaquismo mientras el Govern no se ponga firme en su cruzada contra el tabaco.
De haberse cumplido las ansias antitabáquicas del Gobierno, la mayor parte del empresariado hostelero "el que regenta locales de pequeño tamaño" se habría visto abocado a prohibir el consumo de tabaco en sus negocios, lo que habría conllevado drásticas pérdidas en un sector que atiende, mayoritariamente, al turismo. Pero permitir los humos en bares y restaurantes acaba por perjudicar un bien mucho más valioso que el turismo: la salud de los ciudadanos, que se ven en inferioridad de condiciones que los visitantes, pues nadie les garantiza el derecho a vivir en zonas libres de humos.
Así las cosas, la respuesta del Ministerio de Sanidad es todo lo lógica que puede ser: si el Govern de Antich no da marcha atrás "la legislación autonómica la elaboró el anterior equipo de gobierno autonómico del PP", perderá más de 300.000 euros en ayudas.
Quizá no sea una cifra desorbitada, pero sí tiene la virtud de retomar un asunto polémico que ha quedado sin resolver.