Los cinco ayuntamientos a los que la Fiscalía ha solicitado documentación ante un posible caso de corrupción relacionado con el Plan Territorial de Mallorca reaccionan de la misma manera: tranquilidad y colaboración total. Así, los alcaldes de Sóller, Campos, Marratxí, Pollença y Alcúdia aseguran que la investigación no afecta a decisiones municipales.
El fiscal Anticorrupción remitió otro escrito al Ajuntament de Campos el jueves mediante el que solicita cualquier información relativa a la tramitación del polémico campo de golf de Sa Vinyola. El alcalde, Guillem Ginard, apuntó que facilitará toda la documentación que ha solicitado el fiscal. Por otra parte, tanto una parte de los terrenos del golf de Sa Vinyola como la totalidad de los terrenos de una urbanización que se quiere construir ante el Club Náutico de sa Ràpita, son las dos únicas zonas rústicas que son consideradas como áreas de reconversión territorial en el Plan Territorial de Mallorca y prevén la creación de urbanizaciones para 5.170 habitantes a cambio del derribo del hotel Rocamar en Sóller y el Don Pedro en Pollença.
Por parte del Ajuntament de Sóller se ha manifestado la «total voluntad de facilitar la investigación». La portavoz del equipo de gobierno destaca que la única área de reconversión en el valle es la del hotel Rocamar, zona que, en todo caso, sería desclasificada para permitir una gran urbanización de cerca de 50 hectáreas en Campos.
En cuanto a Marratxí, el alcalde, José Ramón Bauzá también se pone a disposición de la investigación y asegura que el Ajuntament tiene absoluta tranquilidad. Lo mismo ocurre en Pollença y Alcúdia, donde recortes en la edificabilidad pasaron a engordar urbanizaciones en Marratxí.