La consellera insular de Medi Ambient, Cati Julve, anunció ayer que para el próximo ejercicio está previsto un incremento del 26 por ciento en la tasa de recogida de residuos urbanos, una propuesta que está previsto incluir en el orden del día del próximo pleno del Consell de Mallorca correspondiente al mes de octubre.
Esta iniciativa, que se debatirá en la comisión informativa del Consell que se celebrará esta mañana, contrasta radicalmente con las palabras de la presidenta de la institución, Francina Armengol, que en su discurso programático de la legislatura aseguró que en materia de gestión de residuos y en cooperación con los ayuntamientos «el objetivo final debería ser abaratar el precio de la tasa de recogida a los ciudadanos, hecho que significaría que seríamos más eficientes en las políticas de recogida, reciclaje y reutilización». Julve, por su parte, comentó que «gestionar el medio ambiente no es gratis».
Las razones que justifican el notable incremento de las tarifas en la recogida de las basuras, según el informe técnico que lo avala, se centran en los errores cometidos por TIRME a la hora de evaluar los contenidos de los escombros que llegarían a la planta de Son Reus. Así, el cálculo previsto para «limpiar» los escombros suponía obtener 96.000 toneladas de residuos que debían ir a parar al horno crematorio, pero sólo se lograron acumular 17.000 toneladas. Este desfase ha supuesto un coste económico de 6'2 millones de euros que han dejado de ingresarse. Otro error de TIRME que ha generado un déficit de un millón de euros es el del precio de la energía eléctrica que se genera en la planta de Son Reus.
Así, TIRME había previsto un precio de 0'069 euros por kilowatio generado, cuando, en realidad, GESA ha abonado 0'057 euros por kilowatio.
Los dos últimos puntos que el informe del Consell plantea para justificar el aumento de las tarifas que deberán pagar los ciudadanos por la recogida de las basuras se centra en el alquiler de unos terrenos al Ajuntament de Palma para albergar un depósito de restos de incineración de la nueva línea, lo cual supone 600.000 euros y, como punto anecdótico, el coste de las mejoras introducidas en la recogida selectiva.