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Los hoteleros todavía tienen pendiente de pago de la ecotasa 28 millones de euros

Los empresarios que lo tienen recurrido o avalado deben abonar un 30% más, por los intereses de demora desde 2002

El cobro de la ecotasa en mayo de 2002 provocó toda una estrategia hotelera para evitar el impacto entre los turistas.

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Hoteleros de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera tienen todavía pendiente de pago de la ecotasa 28'7 millones de euros, pese a estar derogado este impuesto desde octubre de 2003 y haber negociado con el Govern del PP, presidido por Jaume Matas, en la pasada legislatura el pago aplazado del mismo u optar por el recurso judicial. El actual Govern, presidido por Francesc Antich, tendrá que seguir con el proceso administrativo para cumplimentar el pago pendiente de cobro.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha dictado en estos años sentencias en contra de todos los recursos planteados por los hoteleros de las Islas, de ahí que los hoteleros están obligados a hacer efectivo los pagos pendientes y asumir, en cada caso, el interés de demora anual del 5%, por lo que hay hoteleros que deben un 30% más de lo que tenían que pagar desde 2002.

Esta cantidad pendiente representa el 33% del total contraído en el período de aplicación del impuesto turístico (88.311.709 de euros), que estuvo operativo desde el 1 de mayo de 2002 hasta octubre de 2003, fecha en la que el Govern, presidido por Jaume Matas, inició los trámites parlamentarios para su derogación, que tuvo lugar el 22 de noviembre.

Las respectivas sentencias del TSJB en 2006, provocaron que los hoteleros optaran por hacer efectivo el pago pendiente, pasando de los 5'3 millones de 2005 a los 13'8 millones de 2006 (ver gráfico adjunto), aunque en el presente ejercicio, quizás por el proceso electoral del 27-M, solamente se han recaudado de enero a agosto 3'3 millones de euros.

A raíz de as sentencias del TSJB se produjo un aumento de peticiones para aplazar el pago por parte de los hoteleros. Es la formula más generalizada que están adoptando los empresarios, con un plazo máximo de tres años, pese a que ello les suponga pagar un interés de demora del 5% anual. Los que deciden no pagar y avalar bancariamente el pago, tienen que pagar anualmente un 25% más por el simple hecho de decantarse por esta fórmula.

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