El presidente de la Autoritat Portuària de Balears, Joan Verger, no ha cometido un supuesto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, según señala el auto dictado ayer por el fiscal Anticorrupción de las Islas, Joan Verger, que archiva las diligencias abiertas en su contra.
«La mera coincidencia de un funcionario público y un ciudadano en una mercantil, no supone la comisión de delito si esa concreta sociedad mercantil no participa en negocios de la esfera del funcionario», señala el fiscal.
Y añade: «Es evidente que no corresponde a la jurisdicción penal valorar los posibles incumplimientos del régimen administrativo de las incompatibilidades y de las causas de abstención ni tampoco las consecuencias de ello cuando se incardinan en el ámbito administrativo y no en el penal».
El fiscal había abierto diligencias contra Verger por la comisión de supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de varada y botadura de los muelles comerciales del Port de Palma.
El fiscal Anticorrupción investigaba desde el pasado mes de agosto la adjudicación de varios concursos millonarios al ex socio de Verger, Juan Antonio Riutord, presidente de la empresa IP3M.
El auto señala que Verger dejó de ser socio de la empresa «Iniciatives Portuaris Mirall de Mar de Mallorca S.L. IP3M», presidida por Juan Antonio Riutord, con anterioridad a tomar posesión de su actual cargo, vendiendo ante fedatario público sus participaciones sociales.