Las quejas de los vecinos del Port de Palma por el exceso de decibelios que soportan en las labores de amarre de los barcos de la Trasmediterránea «Sorolla» y «Fortuny» han quedado en papel mojado. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha anulado una resolución del Servicio de Sanidad y Medio Ambiente del Ajuntament de Palma, que en enero de 2004 ordenó a Trasmediterránea paralizar el funcionamiento de los motores auxiliares de esos barcos.
La sentencia recuerda que el Port de Palma es de «interés general» y competencia exclusiva del Estado y dice que no es admisible que dos Administraciones distintas incidan sobre una misma actividad con igual título competencial.
Los técnicos de Cort verificaron mediante mediciones sonométricas en las labores de amarre niveles de ruido superiores a los valores máximos admitidos en la Ordenanza Municipal para la Protección del Medio Ambiente. No obstante, el ruido no superó los 80 decibelios, que sí son permitidos por el Reglamento del Puerto.