El president del Govern, Jaume Matas, apeló ayer en el Parlament a la «obligación moral» de Zapatero de compensar el déficit sanitario ante los ingresos que obtiene el Estado a través de la Seguridad Social del incremento de la población laboral que se ha registrado en Balears durante los últimos años. «No tenía una obligación legal, pero sí moral», planteó Matas durante el debate propiciado por él mismo para analizar el resultado de la conferencia de presidentes celebrada en Madrid. Matas explicó los detalles del acuerdo, dijo que Balears obtendrá entre 55 y 65 millones adicionales, y recordó que las Islas seguían siendo la comunidad peor financiada por habitante. «Pero la recomendación era coger el dinero e irnos», sentenció Matas.
Miquel Rosselló, de EU, dijo que su coalición «no ha dado caña porque el acuerdo sólo tiene una vigencia de dos años», mientras Pere Sampol, del PSM, lamentó el pacto alcanzado en la conferencia de presidentes «no haya mejorado el déficit histórico» de Balears.
La portavoz del grupo socialista, Francina Armengol, resaltó que «Zapatero no tenía la obligación legal de resolver el problema de la financiación sanitaria» y pidió a Matas que no malgastase «el dinero de la sanidad pública». Armengol volvió a pedir que no se construya el nuevo hospital de Son Dureta. Joan Huguet, portavoz del grupo popular, reclamó: «queremos ser iguales a la media».
En su segunda intervención, Matas recordó que cuando llegó al poder se encontró en los cajones «300 millones de facturas pendientes, de los cuales una tercera parte eran de sanidad». Y recordó que el anterior Govern también votó a favor en el Consejo de Política y Fiscal el sistema de financiación vigente. «Si creían que era tan perjudicial, no tenían que haberlo aceptado; ¿a qué esperan para cambiar el sistema?», planteó.
Miquel Rosselló aceptó que el actual modelo de financiación no es el adecuado para Balears y Sampol fue mucho más contundente: «si llegamos a saber el resultado no hubiese sido partidario de aceptar el sistema porque sufrimos un atraco de 180 millones anuales para el fondo de suficiencia».