Un reciente informe realizado por el Govern y que servirá para negociar el traspaso de las competencias de Justicia a la Comunitat Autónoma revela graves carencias en los recursos judiciales de Balears. El informe cuantifica las necesidades económicas que harían falta para poner al día los medios judiciales de Balears y concreta, una por una, todas las carencias existentes. El Govern concluye en su informe que existen muchos «puntos negros» en los actuales recursos judiciales de Balears y ante esta situación tiene previsto presentar un listado de peticiones en la reunión de la ponencia técnica que analizará el traspaso de las competencias a la Comunitat Autònoma. Dicha reunión aún no ha sido convocada, pero desde el gabinete autonómico son pesimistas sobre las posibilidades de conseguir una importante dotación económica por parte del Ministerio de Justicia con el fin de poner al día los edificios judiciales existentes en Balears. El gran objetivo del Govern es poder asumir el dinero suficiente para construir otro palacio de justicia, y nuevos juzgados en Menorca y Eivissa. Una de las mayores necesidades es construir un palacio de justicia para ubicar la Audiencia Provincial. El estado de estos juzgados ha sido calificado «preocupante» en este informe previo a la negociación de las competencias judiciales. En las actuales circunstancias, el Govern reclamará más dinero para poder actualizar estos juzgados.
Entre otras deficiencias, los técnicos del Ejecutivo balear han detectado que los jueces no disponen prácticamente de espacio físico para desempeñar su trabajo con comodidad. Las salas donde se celebran los juicios están desfasadas y los medios informáticos, muy anticuados.
Pocos meses después de la victoria socialista en el Gobierno central, el president Matas pidió formalmente al ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, el inicio de las negociaciones de las competencias judiciales. Matas entregó un documento elaborado por el Govern en el que se enumeraban las necesidades en Balears con el fin de actualizar las infraestructuras gestionadas por el Ministerio de Justicia.