Nuestra ley suprema, es decir, la Constitución de 1978, consagra la igualdad de todos los españoles y ayer el Congreso de los Diputados dio un paso al frente para materializar ese derecho a la igualdad de un colectivo que venía reivindicándolo desde hacía años: los homosexuales. Tras al paso por el Senado, el proyecto de ley que permitirá contraer matrimonio a personas del mismo sexo será una realidad, previsiblemente a finales de junio. Una circunstancia que ha levantado ampollas en más de un sector -PP y UDC votaron en contra ayer-, especialmente en lo relativo a la posibilidad de adopción por parte de estas parejas.
En realidad lo que estamos viendo es, sencillamente, la traslación a los papeles de una realidad tangible que lleva años instalándose en la sociedad española. Hoy prácticamente nadie se atreve a sostener posiciones que defienden la segregación o la discriminación de cualquier persona por razones como el color, la religión o la opción sexual, aunque la legislación sí consagraba ese apartheid. De ahí que la nueva ley sea necesaria para regular una situación que ya existía de hecho: las parejas gays y lesbianas, que veían mermados algunos de sus derechos al quedar fuera de la normativa.
Quizá abrir las puertas a la adopción de niños resulte algo más complicado de entender, aunque si únicamente nos planteamos el bienestar del menor y su derecho a tener una familia estable y afectuosa resultará más fácil. En esto hay que exigir un control estricto y una defensa feroz de los derechos del menor, sometiendo a estas parejas a idénticos controles que los demás, con lo que el niño estará suficientemente protegido y sólo será dado en adopción si los potenciales padres -o madres- reúnen todos los requisitos.