El Gobierno central y el Govern balear negociarán de forma bilateral la actualización de las transferencias de sanidad y educación, al margen del Consejo de Política Fiscal y Financiera, según acordaron ayer en Madrid el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Lluís Ramis de Ayreflor, y el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Miguel Angel Fernández Ordóñez. El conseller dejó claro en esa reunión que el Govern no contempla la vía impositiva para solventar los desajustes de financiación, tal y como le propuso el Gobierno. El Ministerio de Economía y Hacienda ha propuesto a las comunidades autónomas que pretenden aumentar sus ingresos que establezcan impuestos (un ejemplo es el céntimo sanitario sobre las gasolinas) así como la posibilidad de disponer de una mayor capacidad normativa sobre los tributos cedidos en el futuro, pero el Govern considera que esa solución sería discriminatoria, ya que Balears cumple con los requisitos establecidos en el actual sistema de financiación autonómica para incrementar las transferencias en sanidad y educación, dado que la población balear ha aumentado un 3 por ciento por encima de la media estatal en un año. «Actualmente somos la comunidad autónoma peor financiada en estas materias, por lo que les hemos dicho que no queremos poner impuestos», afirmó el conseller.
Ramis de Ayreflor y Fernández Ordóñez se emplazaron a una reunión en el mes de julio para evaluar los trabajos que el Govern y el Parlament balear están realizando para cuantificar de forma definitiva la necesidad de financiación en estas competencias, aunque un estudio preliminar elaborado por el Govern y adelantado por este periódico las cifra en 1.348 millones de euros para las dos materias. Ramis de Ayreflor estima que a finales de septiembre o principios de octubre podrá disponer de toda la documentación necesaria para iniciar la negociación de estas transferencias con el Ministerio de Economía y Hacienda.
El conseller de Economía y Hacienda se reunió posteriormente con el secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Francisco Ros Perán, a quien le solicitó que Mallorca sea declarada distrito de tarifa única de ámbito metropolitano, como lo son Menorca o Eivissa, lo que implicaría que las llamadas de teléfono costarían igual para el conjunto de la Isla. Ros se comprometió a trasladar la propuesta a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. El conseller solicitó ayudas a las operadoras que quieren realizar conexiones de fibra óptica submarinas entre Balears y la Península y pidió también la puesta en marcha del convenio «españa.es» firmado con el anterior Gobierno del Partido Popular.