J.MESTRE/M.GONZÀLEZ
La sentencia, que ha sido entregada ya a las partes afectadas,
considera que el artículo 23.2 del decreto 176/2003 es contraria a
los artículos 14, 23.2 y 103.3 de la Constitución «por entenderse
que el decreto en la provisión de puestos de trabajo es una
discriminación por razón de edad que carece de fundamento». «Es
posible -señala la sentencia que obra en poder de Ultima Hora- que
la discrepancia sobre la conformidad a derecho del decreto afecte a
cuestiones de legalidad ordinaria, pero lo revelante es que no sólo
afecta a su conformidad/disconformidad con las leyes sino que
afecta al derecho constitucional a la igualdad».
El Tribunal Superior entiende que la norma que afecta a los funcionarios mayores de 50 años es «discriminatoria» y recuerda que «la implantación de la normalización lingüística no responde a un fenómeno supresivo, inmediato y reciente, sino que responde a un proceso paulatino y progresivo que se remota a la Ley de Normalización Lingüística». El Govern puede presentar un recurso de casación ante la Sala de lo contencioso-administrativo y ante el Tribunal Supremo.
Mientras, la Assemblea per la Llengua, celebrada ayer por la noche con gran éxito de participación, propuso la realización de movilizaciones para frenar la aplicación de las medidas lingüística anunciadas por el conseller d'Educació. La reunión sirvió para que todos los presentes pudieran aportar sus ideas o sugerencias, que después serán valoradas y estudiadas por los miembros de la asamblea permanente. Entre las acciones sugeridas está la celabración de una huelga en el sector de la enseñanza y una gran manifestación. También se propuso colgar pancartas en los balcones o edificios con el lema «Prou d'agressions al català» o celebrar una jornada de protesta de la comunidad educativa.