El Consejo de Ministros del próximo viernes tratará y aprobará, si se cumplen las previsiones del orden del día, la planificación energética balear, que de esta manera será incorporada a la estatal, incluyendo un enlace eléctrico (cable submarino) Península-Mallorca, otro Mallorca-Eivissa y un gasoducto Península-Mallorca. La inversión prevista para los dos cables oscila entre los 260 millones (según los cálculos del Ministerio de Economía) y los 360 millones de euros. Un margen tan amplio de oscilación responde a las características propias de una instalación de este tipo, donde la batimetría del fondo marino condiciona de manera determinante el trayecto y la longitud del enlace. Otro aspecto a tener en cuenta en el coste final de la infrestructura son los tramos terrestres hasta una estación de conversión de potencia o una subestación eléctrica, y si para estos recorridos es necesario recurrir o no a expropiaciones.
Asimismo, el Consejo de Ministros de la Unión Europea podría pronunciarse este mismo mes sobre los enlaces eléctricos y el gasoducto de Balears en lo que se refiere a su declaración como proyectos de interés comunitario, en cuyo caso tendrían acceso a una financiación comunitaria que oscilaría entre el 10 y el 20 por ciento de la inversión realizada. El resto, como ya se sabe, será asumido por el sistema tarifario vigente en la red energética española. Por otra parte, Unió de Pagesos, la Plataforma en Defensa del Prat de Sant Jordi, la Plataforma contra el Gasoducte y el PSM organizaron ayer una reunión vecinal en el local parroquial del Coll den Rabassa para debatir la confirmación del Govern del PP de la futura llegada del gasoducto por Sant Joan de Déu y la ampliación del aeropuerto de Son Sant Joan.
Una representación de estas entidades se desplaza hoy mismo a Bruselas para contactar con representantes de la Unión Europea e informarles de las presuntas ilegalidades de estas iniciativas, referidas básicamente a impactos ambientales y su proximidad a núcleos habitados. Como se recordará, en Bruselas ya se han presentado 4.000 alegaciones contra la ampliación del aeropuerto. Estas entidades también han anunciado movilizaciones de protesta contra ambos proyectos.