Conseguir la eliminación total de la pobreza extrema en Balears supondría una inversión de 103 millones de euros. El objetivo más ambicioso de acabar con la pobreza requeriría un gasto de 218 millones.
Esta es una de las conclusiones del estudio «Crecimiento económico y desigualdad social en Balears en los años 90: elementos para el debate sobre el futuro del estado del bienestar», que han realizado Amedeo Spadaro y Xisco Oliver, profesores del Departament d'Economia Aplicada e investigadores del Grup de Recerca en Economia Pública de la UIB.
La propuesta de los dos economistas consiste en implantar una renta mínima universal que consistiría a asignar a cada familia pobre una cantidad de dinero igual a la diferencia entre su renta disponible y el umbral de pobreza.
La renta disponible es la renta que disponen las familias para consumir o ahorrar bienes y servicios una vez que han pagado los impuestos y recibido las ayudas.
El umbral de pobreza es el criterio económico para establecer qué personas pueden ser adscritas a esta categoría. Así, se consideran en situación de pobreza todas aquellas personas y familias por debajo del 50% de la media de la renta disponible en el conjunto de la economía. Otro criterio más drástico que el anterior es el umbral del 50% de la renta media, que define la situación de pobreza extrema.
Según Amedeo Spadaro y Xisco Oliver, en Baleares, a mediados de la década de los noventa, los pobres suponían un 19,1% de los hogares, de acuerdo con el primer criterio y un 10% de acuerdo con el segundo criterio. A partir de estos cálculos los economistas establecen la cantidad necesaria para erradicar la pobreza en las Islas.
El umbral de pobreza extremo era en 1995 unos ingresos de 864.268 pesetas anuales y el umbral de pobreza lo marcaban unos ingresos de 1.092.912 pesetas.