La precaria situación de muchos inmigrantes es ya una preocupación social que trasciende cada día más a las instituciones. Un 70% de los permisos iniciales de residencia o trabajo que se solicitan en Balears actualmente se deniegan «en virtud de la Ley de Extranjería», informó el pasado martes el Delegado del Gobierno, Miquel Ramis. Éste considera «absolutamente necesario» un Centro de Internamiento de Extranjeros en la Isla, una medida que ya, en anteriores declaraciones, ha sido rechazada por diversos colectivos.
Estas dependencias son centros de custodia de naturaleza no penitenciaria y de carácter temporal, en los que no es posible permanecer más de 40 días. Sólo puede ingresarse en ellos a extranjeros que puedan ser objeto de expulsión, devolución o retorno.
La consellera de Presidència, Rosa Puig, aseguró ayer que «Desde la Direcció General de Cooperació se tomarán medidas para evitar problemas y esfuerzos innecesarios. Por una parte, se realizará una campaña en los países emisores, donde se informará a los inmigrantes de la situación en Balears y de las necesidades laborales de esta zona. También se harán campañas de sensibilización e información para agilizar los trámites». Puig considera que es preciso «prever» la problemática. «Existe el plan de inmigración, vigente desde 2004. A través de la Direcció General de Planificació i Ordenació Social es preciso analizar los resultados de este plan».