R. GALLEGO
EL Ajuntament de Palma quiere consensuar el modelo de la futura
Inspección Técnica de Edificios (ITE) con todos los colectivos
implicados.
Por este motivo el teniente de alcalde de Urbanismo, Rodrigo de Santos, reunió ayer a los representantes de seis colegios profesionales que de una u otra manera intervendrán en el proceso de inspección. Administradores de fincas, arquitectos, aparejadores, ingenieros técnicos, ingenieros industriales e ingenieros de caminos, analizaron -junto a partidos de la oposición y entidades ciudadanas- el borrador de ordenanza que Cort quiere aprobar en el próximo pleno de finales de noviembre. Una de las medidas que prevé el proyecto es la obligatoriedad de los propietarios de presentar un certificado que acredite un estado óptimo de la estructura del inmueble y de todos los elementos exteriores que puedan afectar a terceros.
Este certificado se obtendrá después de la correspondiente inspección siempre que ésta sea positiva. Caso contrario el Consistorio dará un plazo para subsanar las posibles deficiencias. En este sentido está previsto que si la comunidad de vecinos no puede hacer frente a las reparaciones más urgentes el Ajuntament procederá a la ejecución de las mismas y después pasará la factura.
El borrador de ordenanza también prevé la creación de un registro, integrado en la Gerencia de Urbanismo, que controlará que todos los edificios presenten el mencionado certificado. Las fincas más antiguas (de más de 100 años) tendrán dos años para presentar el documento a partir de la puesta en marcha del ITE.