Una nueva resolución, que presentará Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, fija el 15 de diciembre como fecha límite para el establecimiento de un calendario que devuelva a los iraquíes el gobierno de su país. Como viene siendo habitual, el texto viene respaldado, de entrada, por Gran Bretaña y España. Pero está por ver cuál va a ser la reacción de Francia, Alemania o Rusia, países que siempre se mantuvieron en contra de la intervención armada y que vienen siendo reacios a la política y a las decisiones de George Bush con respecto a este problema.
Si existe una evidencia a estas alturas es el alto coste en vidas humanas que está suponiendo la posguerra para las tropas aliadas, en especial para las norteamericanas. Y precisamente esto puede haber contribuido a que, desde la Casa Blanca, se asuma una fecha concreta y próxima para el traspaso de poderes.
Aunque no debemos llevarnos a engaño. Para que se produzca una transición sin traumas es preciso que existan unas mínimas condiciones de seguridad y la garantía de orden público para los ciudadanos iraquíes. Esto puede requerir la presencia de tropas extranjeras de forma provisional, pero actuando como fuerza de interposición, no de ocupación. Y lo deseable sería que fuera bajo bandera de la ONU.
Esto, evidentemente, podría facilitar una mayor implicación de otros países en las tareas de reconstrucción de Irak, algo que resulta necesario en extremo. Pero para ello es preciso que Estados Unidos modifique sustancialmente su política internacional al respecto y asuma que sólo es posible llevar a buen término la empresa desde el acuerdo con la comunidad internacional.