«Con este Gobierno estamos volviendo a la Ley de Talión», afirma el abogado José Luis Mazón, personalidad relevante del Derecho en España tras denunciar ante Defensa de la Competencia al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) por los honorarios de los letrados, por pedir la nulidad de la sentencia que motivó un dictamen de la ONU sobre el recurso de casación y oponerse a la extradicción a Chile del dictador Augusto Pinochet, entre otros asuntos.
«Aprovechando el 'efecto eco' que ha tenido el 11 de septiembre, el Gobierno de Aznar está aplicando principios que son una regresión histórica en materia de derecho penal», añade, para apostillar: «El endurecimiento de las penas sólo favorece a las organizaciones terroristas que son las que quieren ese endurecimiento para que se impida la rehabilitación, la reinserción, con lo cual es una falta de sentido común».
Mazón, que se desplazó a Palma para dictar una conferencia en el Colegio de Abogados de Balears sobre derechos humanos, dijo también que con los juicios rápidos, «el Ejecutivo se está dejando llevar por una presión social o una actitud de decir 'vamos a atacar la delincuencia', cuando esos juicios rápidos van a plantear numerosos problemas de inconstitucionalidad, es decir, un juicio necesita un tiempo, el mínimo, para que sea justo; un juicio demasiado rápido también puede ser un juicio injusto, hace que las cosas se vean no exactamente son, sino que se resuelvan bajo una impresión inmediata, con lo cual, hay mucha diferencia». Mazón ha sido uno de los pocos letrados que se ha atrevido a denunciar las prácticas del Consejo General de la Abogacía Española al afirmar que esa entidad «muestra su desconexión con la realidad social de los abogados».