La directora general de Energía y Minas, Carmen Becerril, anunció el pasado lunes a Balears y Canarias, y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que el decreto de extrapeninsulares, que regula las compensaciones al sobrecoste eléctrico en estas comunidades, estará definitivamente redactado en una semana y que a partir de entonces éstas podrán revisarlo y, si procede, expresar su acuerdo con los contenidos.
En líneas muy generales, y en el caso concreto de Balears, el decreto fija las compensaciones que percibirá GESA-ENDESA, que ejerce el monopolio de la energía eléctrica en las Islas, para que el coste y las condiciones de producción sean las mismas que en la Península. A partir de aquí, GESA-ENDESA, que actualmente sufre un sobrecoste de producción eléctrica del 40% respecto a la Península, podrá presentar ofertas especiales de tarifas a sus grandes clientes y al conjunto de los usuarios, pero la medida va más allá: con un coste de generación similar al continental, en Balears se podrán establecer comercializadores de energía eléctrica que, a su vez, podrán lanzar ofertas a los usuarios. Es decir, la producción eléctrica continuará en las manos exclusivas de GESA-ENDESA, pero el mercado comercializador estará liberalizado, tal como ocurre en la Península desde el pasado 1 de enero. El monopolio sobre la generación también podría desaparecer si en el futuro se instala un cable submarino de conexión eléctrica con la Península.
En representación de Balears, a la reunión del pasado lunes, celebrada en Madrid, asistió el director general d'Energia, Joan Perchés, quien regresó satisafecho ante lo avanzado de la redacción del decreto y de sus contenidos, si bien la norma llegará con retraso respecto a los anuncios iniciales del Gobierno central.
En este sentido, el conseller d'Innovació i Energia, Príam Villalonga, declaró ayer que «Madrid nos habla de una semana y habrá que ver si este plazo se cumple. De todos modos, vamos en el buen camino. Los métodos de cálculo de las compensaciones no están del todo definidos, pero parece que nos encontramos en el último tramo para llegar al documento definitivo».
Las comunidades extrapeninsulares deberán dar su visto bueno al decreto, pero todo apunta a que así ocurrirá. Posteriormente, el texto deberá ser revisado por la Comisión Nacional de la Energía y el Consejo de Estado antes de su aprobación por el Consejo de Ministros.