Cando se cumplen dos meses del hundimiento del 'Prestige' frente a las costas gallegas, la marea contaminante y sus consecuencias políticas no dejan de crecer. Y no es de extrañar, porque la que ya se considera la peor marea negra ocurrida en la historia europea está generando enfrentamientos políticos de calado.
A la inicial torpeza por parte del Gobierno, hay que añadir ahora la negativa incomprensible a que los altos cargos y los técnicos dependientes de la Administración central comparezcan en la comisión de investigación abierta en el Parlamento gallego, tras torpedear la posibilidad de que el Congreso de los Diputados llevara a cabo sus propias indagaciones.
Como reacción a esta postura, socialistas y nacionalistas han abandonado ya la comisión gallega por considerar que nada hay que hacer ante la actitud de Madrid, que niega la información precisa para elaborar los informes que aclaren por qué se llegó a la actual situación.
El ministro Javier Arenas, para justificarse, ha respondido que «todo lo referente al 'Prestige' está explicado», lo que, obviamente, no está tan claro. Realmente es incomprensible que el mismo Gobierno que pide ayuda a las comunidades autónomas -Antich visita estos días la zona asignada a Balears- se niegue a coloborar con la autonomía más afectada y que tiene todo el derecho a investigar lo que ha sucedido. En opinión de IU, la decisión gubernamental «incumple el mandato constitucional de cooperación entre administraciones y da a entender que el Gobierno tiene algo que ocultar».
Una idea que compartirá el común de la ciudadanía si se reitera la tozudez en boicotear cualquier intento de dilucidar qué ocurrió realmente en los primeros momentos de una catástrofe que todavía hoy sigue dando ejemplos de entrega y solidaridad por parte de los voluntarios.