El Consell Consultiu ha emitido un informe en el que no autoriza al Govern a aprobar mediante un decreto legislativo la nueva ley de finanzas de la Comunitat, un refundido de la que ya existe con la incorporación de las sucesivas modificaciones que se han ido añadiendo desde que se aprobó en el año 1986.
La aprobación de esta ley requería un trámite legislativo específico, ya que se trataba de una simple refundición de todos los artículos dispersos que se han ido añadiendo al texto a través de otras leyes, como la de acompañamiento a los presupuestos. Por este procedimiento especial, en lugar de presentar un nuevo texto a la aprobación del Consell de Govern, el Parlament facultó a la Conselleria d'Hisenda a que elaborara el nuevo texto para que se aprobara automáticamente por el Ejecutivo, sin necesidad de remitirla de nuevo a la Cámara legislativa.
El Govern tenía de plazo hasta el pasado 31 de octubre para la aprobación de este decreto legislativo, pero no envió el documento al Consell Consultiu hasta el 29 de ese mismo mes para emitiera el dictamen.
Dado que el órgano asesor tiene un mes de plazo para emitir su dictamen, optó por no dar la autorización al Ejecutivo para que lo enviara la ley al Consell de Govern. El Consell Consultiu argumentó que era imposible respetar el plazo legal concedido por el Parlament para la elaboración de la ley. En este caso, al tratarse de un dictamen sobre un procedimiento legislativo especial, el informe del Consell Consultiu es no sólo preceptivo sino además vinculante.
A la hora de emitir su informe, el órgano asesor del Govern no atendió la petición realizada por la Conselleria d'Hisenda para que el mes de plazo de que dispone el Consell para redactar el informe no computara en el plazo concedido por el Parlament para la elaboración de la ley.
En esta tesitura, el Consell de Govern no tiene la autorización del Consell Consultiu para aprobar el nuevo texto de la ley de finanzas. Si aún así opta por aprobarlo y algún afectado impugna la resolución del Ejecutivo, la ley pasará a tener la consideración de simple reglamento.
Por esta razón, la Conselleria d'Hisenda ha preferido esperar y estudia la posibilidad de solicitar al Parlament que habilite un nuevo periodo para la compilación de la nueva ley de finanzas de la Comunitat. El secretario general técnico de la Conselleria, Lluís Llinàs, aseguró que la ley sigue en vigor en todos sus artículos ya que el único propósito de la nueva ley de finanzas era incorporar en un sólo texto todas las modificaciones y añadidos que ha sufrido desde que fue aprobada en 1996.
En cualquier caso, Llinàs aseguró además que la desautorización del Consell Consultiu no tiene efectos prácticos ya que la ley de finanzas es de consumo interno en la Conselleria. «Es una ley puramente técnica, de funcionamiento interno de la Conselleria», explicó el secretario general técnico de Hisenda.
Con respecto al informe negativo del órgano asesor, el alto cargo de la Conselleria no entró en valoraciones, pero sí matizó que la interpretación que han hecho los miembros del Consell Consultiu sobre los plazos no coincide con los informes jurídicos de que dispone la Conselleria que dirige Joan Mesquida. También señaló que el informe del Consell Consultiu entra en el fondo del asunto cuando, en teoría, no era pertinente si es cierto que se habían pasado los plazos.