Las estadísticas reflejan que el año que cerramos ha sido el peor desde 1993 en cuanto a la evolución del mercado de trabajo. Lo que significa que, lejos de los fríos datos de contrataciones y despidos, hay 113.224 personas que han perdido su empleo el año pasado, con lo que eso conlleva en muchísimos casos de drama personal, de situaciones límite y de momentos difíciles. Pero eso no es lo peor, porque tras ellos hay más de 1.600.000 desempleados en España, una cifra intolerable en un país que pretende estar en el selecto club de las naciones que gozan del Estado del Bienestar.
El ministro Zaplana asegura que no se destruye empleo en nuestro país, a pesar de que las cifras revelan que el 40% de las empresas de más de 51 empleados ha reducido su plantilla. Y achaca el aumento del paro al hecho de que crece constantemente la población activa. Una visión que contrasta con la del sindicato UGT, que no ha dudado en calificar 2002 como «un año pésimo para el mercado laboral español». Y no es de extrañar, si tenemos en cuenta que, por ejemplo en diciembre, se firmaron casi un millón de nuevos contratos en nuestro país y sólo 81.000 fueron indefinidos, lo que lleva a la central sindical a afirmar que «ante estas cifras caben pocos triunfalismos».
¿Los culpables? Los sindicatos apuntan a la última reforma laboral emprendida por el Gobierno, que ha dado «sustanciosas bonificaciones a las empresas y pobres beneficios a la reducción de la temporalidad». Que el Gobierno sea el responsable de esta situación es muy discutible, pero lo que sí es cierto es que desde el Ejecutivo deben reaccionar con firmeza para afrontar los cambios que sean necesarios para intentar resolver el primer reto de este país sin caer en la trampa de matizar los datos para eludir el verdadero alcance del problema.